La batalla de la financiación

En este escenario, se suceden las declaraciones y movimientos de los presidentes autonómicos. En Sevilla se entrevistaron Moreno (Andalucía) y Puig (Valencia) para reivindicar el peso de la población en el sistema y el día 23 del presente mes, en Santiago de Compostela, también lo harán los presidentes de ocho regiones: Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. La mayoría ya vienen operando juntas en asuntos relacionados con la despoblación, un trabajo que se concretó en la Declaración de Zaragoza (2018), donde reivindicaron una revisión del sistema a través de una negociación multilateral, que tuviera por norte el principio de suficiencia financiera y cubriera el coste real de prestar servicios en un territorio en declive poblacional, con una media de edad elevada, orografía difícil y población diseminada. Este tipo de cuestiones estarán presentes en la cumbre de Santiago de Compostela, con especial acento en la financiación del coste real de los servicios, lo que implica computar bien el gasto en sanidad y educación.

Pactar a plena satisfacción de las partes un nuevo modelo de financiación territorial es una de las empresas más difíciles que se pueden plantear en la política española. El actual modelo, acordado en 2009, se pudo plasmar porque el Estado transfirió 11.000 millones de euros más al sistema de financiación. Con datos del año 2019, se cifra en 16.400 millones la insuficiencia global del modelo, así que el Ministerio de Hacienda debe ir pensando en una cifra similar para poder aunar voluntades. No es ese el mayor obstáculo.

Cada región pone el acento en alguna característica: Baleares en la población flotante (turismo), Canarias en la pobreza, Extremadura en el paro estructural, Galicia en el transporte escolar, etcétera. Hay demandas compartidas, como el envejecimiento, dispersión de la población y encrespada orografía, rasgos esenciales para Asturias que también reivindican otras regiones a la hora de concretar el coste de los servicios que se prestan. O la petición del principio de ordinalidad de las regiones ricas, de tal forma que una vez realizadas la distribución de fondos, la capacidad fiscal de un territorio se corresponda con el lugar que ocupa en la clasificación de la financiación por habitante ajustado. Actualmente no es así. Por ejemplo, Extremadura es la tercera por la cola en capacidad fiscal y, una vez repartidos los recursos, pasa a ser la tercera con mayor financiación por habitante ajustado.

La reforma debe atender las peticiones de las regiones y, a la vez, superar los vicios del actual sistema, como es el más que cuestionable reparto de las transferencias verticales del Estado a las regiones que crean diferencias de treinta puntos porcentuales entre las regiones mejor tratadas por el sistema y las que salen peor paradas. Los criterios y las cifras brotan de consideraciones políticas. El Principado ha dado el paso correcto al alinearse por afinidad de intereses, haciendo caso omiso a la homogeneidad ideológica. Nos jugamos mucho en esta batalla de la que debemos salir sin déficit estructural de financiación.