Los acuerdos alcanzados por las ocho comunidades autónomas reunidas en Santiago de Compostela el pasado día 23 suponen el estreno de un nuevo actor en ... la discusión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Hasta ahora, las posiciones de las regiones más pobladas -Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia- eran las que prevalecían en el debate público, con sus críticas sobre el exceso de recursos que aportan al sistema de financiación o con la exigencia de ponderar la cobertura económica de los servicios públicos en función del tamaño de la población. Por el medio quedaban la mayor parte de las comunidades autónomas que salían perjudicadas por la relajación de los lazos de solidaridad y con la medida del coste de los servicios a través de una sola variable, el número de habitantes.
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El vínculo inicial de las regiones del noroeste (Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria) se ha ampliado con La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha, formando un grupo unido por la causa del declive demográfico. Como bien dicen en la declaración institucional, 'Foro Santiago, Camino de consenso', la emergencia demográfica tiene repercusiones económicas, sociales, sanitarias, educativas, fiscales, medioambientales, culturales y de movilidad. Para hacer frente al reto demográfico es preciso tomar medidas desde la cohesión territorial. Se trata de un conjunto de regiones que ocupan el 61,9% de la superficie de España con el 24,1% de la población. Las cifras muestran, por si solas, el problema del vaciamiento de amplias zonas de España, para el que piden una estrategia de carácter nacional que incluya un fondo específico de carácter estatal que permita compensar del perjuicio causado por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población.
Asturias, como comunidad uniprovincial de pequeño tamaño, logra un mayor respaldo para sus posiciones formando parte de una liga de regiones que comparte intereses. Introducir la emergencia demográfica en el sistema de financiación autonómica es un paso adelante. La petición de un fondo estatal para paliar la vulnerabilidad poblacional constituye un acierto estratégico, porque abre la posibilidad de recibir dinero por un mecanismo paralelo a los fondos de convergencia del actual modelo de financiación que se crearon por presiones de gobiernos autonómicos. Esa llegada de dinero en sentido vertical, del Estado a las regiones, no es óbice para que los firmantes de la declaración pidan una mayor reasignación de recursos en sentido horizontal, entre las comunidades autónomas, insistiendo en el principio de suficiencia financiera para que todos los españoles puedan acceder a servicios públicos de calidad.
Los gobiernos de las ocho regiones hacen especial hincapié en calcular con rigo
r el coste de la prestación de servicios. El esfuerzo que hace el Principado por mantener la red escolar en el medio rural, con colegios que llegan, en algunos casos, a tener solo cuatro alumnos, resulta especialmente costoso. Lo mismo sucede en Galicia con el transporte escolar en una región con mucha población dispersa por el territorio. En regiones de orografía complicada luchar para que todos los ciudadanos gocen de los mismos servicios, en medio urbano y rural, resulta mucho más costoso que en otras donde la conurbación de la capital alberga la inmensa mayoría de la población.
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El Principado tiene una larga trayectoria en defensa del coste real de los servicios, reclamando la homogeneidad de las prestaciones en todo el territorio nacional, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Al formar parte de un grupo de ocho regiones que ponen la problemática demográfica en el centro del modelo de financiación autonómica tendrá un mejor acomodo para defender los intereses de Asturias en una época marcada por las tendencias territoriales disgregadoras y por la relativización de la cohesión territorial.
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