Condenados a entenderse

En la antesala de la última semana de campaña anotamos un dato positivo, que cabe esperar tenga un recorrido de futuro bastante relevante: el acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados para impulsar la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, tras el proceso electoral del 14-F. Es una decisión coherente con los acuerdos de investidura de Sánchez y con las necesidades políticas del país. La mayoría progresista que la respaldó supone un punto de partida muy conveniente de cara a la nueva legislatura catalana.

En ese contexto, el debate electoral acaecido en la campaña marca un sesgo significativo en el discurso político de los principales candidatos que, aunque lógico en la inmediatez de la jornada electoral, sería mejor que no rebasara ciertos límites de desgarro, para que luego el margen de entendimiento no resulte tan impracticable y obligue a alargar 'sine die' las opciones de pacto para la formación de mayorías de gobierno viables.

En el lado independentista, ERC se ha visto condicionada por el temor a perder voto de ese espacio debido a su trayectoria más dialogante en Madrid respecto al Gobierno de coalición progresista. Por eso su batalla con Illa es mucho más ácida de lo que podría esperarse de esa praxis. De igual modo, el PSC niega toda posibilidad de acuerdo con el independentismo para ganar ese voto más centrista que deje por el camino Ciudadanos y le pueda reportar una subida de voto, que las encuestas le venían otorgando, aunque las del CIS estén bajo sospecha en relación con el candidato socialista, pero seguramente no mucho más que otras, en realidad.

JxCat, la otra opción independentista con posibilidades de victoria, sufre los efectos de una división interna dentro del sector conservador, siempre con coste electoral, por la separación del PDeCat que, aunque sea una fuerza menor, a la hora de los ajustes de mayorías nunca se puede desdeñar. Lo mismo, por la parte radical, podrá decirse de la CUP, cuyo papel en otras legislaturas ha sido determinante para consumar mayorías parlamentarias decisivas.

La fractura de la derecha españolista en tres fuerzas diferenciadas, Vox, PP y Ciudadanos, ya auguraba una clara insignificancia a la hora de los pactos, pues su única virtualidad hipotética sería que sirviera de suma material al PSC, para alcanzar una mayoría que llamarían constitucionalista para un gobierno alternativo. Pero no dan ni los números ni los pactos, ya que en el peor de los casos Illa solo podría acordar con Ciudadanos y con nadie más de ese entorno, lo que imposibilita de todo punto esa vía.

Por consiguiente, solo hay dos opciones de gobierno: la repetición de un ejecutivo independentista monolítico en su proyecto nacional catalán, bastante complicado por el largo distanciamiento de sus dos principales protagonistas, ERC y JxCat, con el apoyo siempre caro de la CUP; o un tripartito de izquierdas, PSC/En Comú Podem/ERC, que adopte un programa progresista semejante al ejecutivo estatal, y formule una propuesta hacia la mesa de diálogo, que sirva de base para buscar un acuerdo de salida del actual conflicto catalán por un periodo razonable.

Entiendo que el grupo más coherente en este intento es En Comú Podem, pues su discurso puede ser idéntico el día antes o el día después de los comicios.

Ante el agotamiento del ejecutivo anterior, no tanto por ser independentista como por sus diferencias internas, todo parece indicar que los tres partidos citados están condenados a entenderse, para abrir un nuevo tiempo en Catalunya que permita dar un impulso definido a las políticas sociales y, además, canalice un equilibrio sereno entre federalismo e independentismo para avanzar hacia un estado plurinacional y solidario, que pueda responder a las expectativas democráticas y de cambio social de la inmensa mayoría de la sociedad catalana.