El desenfoque de Puente y la lucha contra el peaje

Mientras otros callaban, algunos señalamos la vergonzosa decisión de Cascos y Aznar de ampliar el peaje (con Rodrigo Rato, ideólogo desde la SEPI). Ex diputados como Segundo González fueron al juzgado por denunciar los desmanes de Cascos, mientras el PSOE decía una cosa en la oposición y otra en el gobierno.

El Ministerio de Puente está desenfocado cuando olvida mencionar que son ellos quienes están defendiendo legalmente las decisiones de Aznar, contra el criterio de Europa. Porque esto no va de si nos parece bien o mal que la autopista se prorrogara 29 años, sino de si ese proceso fue ilegal y esa prórroga debiera anularse de inmediato. Mientras las instituciones europeas señalan las irregularidades, es Oscar Puente quien va de la mano de Aznar y Cascos.

La jurisprudencia es clara: no existe lucro cesante cuando la adjudicación de una obra es ilegal, por lo que la indemnización a Aucalsa sería en relación a su valor, no a sus beneficios futuros, una cifra 100 veces menor que los 30.000 millones en que lo cifra el Ministerio para asustarnos con la imposibilidad económica de la operación. Juristas de reconocido prestigio de la Universidá de A Coruña han calculado que el coste de anular el peaje de la AP-9 ascendería a poco más de 800 millones de euros, por lo que es previsible que el de la anulación del peaje del Huerna sería en torno a 200 o 300 millones de euros. ¿Es mucho? El gobierno sí pagó 1.000 millones por las radiales de Madrid y 4.000 por la variante de Pajares.

Quizás Puente olvida que las bonificaciones actuales que él aprobó, con las que seguimos pagando 15,6 euros por trayecto, ya podrían suponer 700 millones de euros hasta 2050, más que un potencial rescate. Un coste que se incrementaría por encima de los 2.000 o 3.000 millones con una bonificación al 100% (al aumentar el tráfico se dispara el valor de la compañía). ¿No son extrañas las decisiones del Ministerio, que benefician principalmente al fondo de inversión que controla Aucalsa? La solución es clara: decreto y excavadoras.

La presión judicial, ante la Comisión Europea y el Tribunal Supremo, acompañada de movilización ciudadana, va a derribar el peaje. Necesitamos que mucha gente continúe con la lucha. Este sábado a las 12 h. salimos a la calle con la Plataforma Ciudadana Peaje No y colectivos de transportistas (a los que los peajes les cuestan hasta 15.000 euros anuales). Lo hacemos ante la sede del gobierno central en Asturias (Plaza España de Oviedo) para decirle a Madrid que ya valió de reírse de los asturianos.

La disputa de Puente con Barbón es también una disputa interna dentro del PSOE a la que estamos siendo arrastrados. Por eso la gente tenemos que tomar la iniciativa, no sea que el PSOE de Asturias pacte con Ferraz no hablar más de esto, como en 2018 al llegar Sánchez al gobierno, y que el PP aproveche para desmarcarse y evitar su responsabilidad. Precisamente porque no les hice caso ni a unos ni a otros y, con el apoyo jurídico de Javier Álvarez Villa, lo denuncié en Europa, ante acusaciones de 'iluso' o 'ignorante', hoy estamos cerca de su supresión.

Tenemos que tumbar este 'arancel asturiano' al importar y exportar nuestros productos, que nos aleja de León y grava a quienes lo usan por trabajo o familia. Es un agravio histórico. Odiamos el peaje porque nos recuerda al aislamiento sufrido durante décadas. Y porque tenemos ojos y memoria: si en 2021 vimos excavadoras tirando casetas de peaje en Aragón, Valencia o Cataluña, ¿hasta cuándo seguir aquí pagando por un peaje ilegal? Este lunes me reuní con el equipo jurídico de la Comisión Europea para urgirles a ir al Tribunal Superior de Justicia de la UE. Una advertencia: derribaremos el peaje porque, en Asturias, Puentes más altos han caído.