Educación: debate candente

Pero al margen del resultado cuantitativo, en nuestro país toda ley de educación provoca un debate candente, por causas más o menos justificadas. Sin ir más lejos la LOMCE, o Ley Wert, en 2013 puso en pie de guerra a toda la comunidad educativa, hasta el punto de que toda la oposición de entonces, de forma unánime, acordó su inmediata derogación en cuanto hubiera mayoría bastante para adoptarla. Es por eso que ya el Gobierno socialista desde 2018 inició los trabajos para llevarla a cabo, aunque no se pudo presentar hasta este nuevo mandato, con el Ejecutivo de coalición.

Al calor de esta confrontación repetida en la historia de nuestra democracia, surge siempre la queja bastante extendida de por qué existe una imposibilidad de consenso en una materia tan sensible y de interés general para la ciudadanía. La respuesta es clara: la educación es uno de los aspectos donde la postura política se muestra más diferenciada, ya que es una cuestión ideológica muy definitoria. Por tanto, aunque siempre es mejor buscar consensos, como lo hizo el ministro Ángel Gabilondo en 2011, también es positivo convivir con las diferencias en un grado de normalidad razonable, que no desquicie los elementos del debate y mantenga al menos un nivel de objetividad razonable en lo que se discrepa, al objeto de no introducir efectos impropios en la confrontación para promover la crispación más radical y desmesurada.

Por entrar en el contenido de la nueva ley habría que empezar afirmando que es bastante tímida en los cambios que apunta, por lo que extraña tanta histeria colectiva para oponerse a ella. Esto da prueba de una polarización buscada por la derecha para disparar contra el Gobierno a toda costa. Si tomar como bases la equidad y la excelencia como líneas transversales del nuevo texto provoca una respuesta tan desproporcionada, algo no funciona en el desarrollo democrático de esta sociedad. Si 9 de cada 10 estudiantes de la enseñanza obligatoria en condiciones vulnerables van a la escuela pública ordinaria, quiere decir que es esta la que está cargando con un peso exagerado del alumnado más deficitario a favor de la otra modalidad sostenida con fondos públicos. De ahí que sea difícil plantear una equidad básica para avanzar hacia la excelencia.

Por esa razón no se trata de atacar a la educación concertada, pero sí fijarle condiciones mínimas para esa función pública que le resulta exigible. Llámese prohibir el cobro de cuotas o conceder suelo público para esos centros.

Asimismo, se impulsa la inclusión educativa, estableciendo que en un plazo de 10 años, que ya es decir, la escuela pública debe poder atender cualquier caso del alumnado con necesidades educativas especiales. Algo que hoy por hoy nada va a suponer para la pervivencia de los centros de educación especial y, en el futuro lejano, quién sabe.

Igual falacia implica la guerra contra las lenguas cooficiales en defensa del castellano. Lo que se aprueba ahora era lo mismo que regía hasta 2013 y, en nada el castellano se ha resentido de esa legislación anterior vigente en tiempos de Aznar y de Rajoy.

A la vista de esta disparatada campaña contra la LOMLOE, con una carga política injustificada absolutamente, mi pronóstico es nítido, esta va a ser una ley duradera, toda vez que es un texto moderado y correcto. Además, si la financiación alcanza los niveles previstos, habrá pasos muy positivos con su aplicación.

Quienes deseamos un cambio relevante en la política educativa estaríamos más satisfechos si se pudiera profundizar en cambios más ambiciosos, pero no será fácil a corto plazo. De momento, nos queda solo soportar una escandalera política más de la derecha y demás fuerzas reaccionarias para descalificar a un Gobierno legítimo que no les gusta, si bien lo tendrán que aguantar democráticamente, mal que les pese.