Un escenario imprevisto
El Debate de Orientación Política permitió conocer las condiciones en las que se negociará la cooficialidad
En el Debate de Orientación Política en la Junta General del Principado, el Gobierno y los grupos de la oposición abordaron las principales cuestiones de ... la agenda política. En su exposición, el presidente describió los rasgos positivos de la economía asturiana -reducción del desempleo, fuerte incremento de la producción industrial, segunda región en que más crecieron las exportaciones, récord de turistas en los meses de julio y agosto- para anunciar una etapa de recuperación que tendrá como fuerza tractora las iniciativas financiadas por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Las empresas presentaron 247 proyectos que representan un monto global de 15.220 millones de euros. De ellos hay cinco que el Principado considera prioritarios y están relacionados con el acero verde en las plantas de ArcelorMittal, las energías renovables (eólica marina, centrales de hidrógeno verde), un centro de innovación alimentaria (producción agroalimentaria verde), el despliegue y consolidación de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) y un proyecto de modernización de la Administración autonómica y digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Mejoran sustancialmente las expectativas del sector energético y de la industria asturiana y comportan un volumen de inversión, superior a los 2.900 millones, que tendrá una importante repercusión en el empleo. Es cierto que, como recordó la oposición, las industrias intensivas en consumo eléctrico siguen sin resolver los problemas del desorbitado precio de la energía ni se han establecido mecanismos compensatorios y que la Alianza por la Industria no ha cumplido los objetivos para las que se había creado, pero los nuevos proyectos industriales suponen una gran esperanza y en torno a ellos deben hacer piña las fuerzas políticas y los agentes sociales.
En los servicios públicos se volvió a reproducir la discusión sobre un problema estructural, como son las listas de espera sanitarias, y otro coyuntural, las dificultades de acceso a la Atención Primaria. Sobre ambos gravita el déficit de profesionales sanitarios. Aunque en los últimos diez años aumentó un 25% las plazas reservadas para cursar el grado de Medicina, no cabe pensar que con el volumen de egresados que se prevén en los próximos años se puedan cubrir las bajas que se producirán por jubilaciones. Un asunto nuevo en el debate fue el relacionado con la exclusión social y la pobreza. Los datos del informe EAPN sitúan al 27,7% de la población en riesgo de exclusión, por encima de la media española. Para tomar decisiones hay que tener un estudio que permita saber cómo se produce una fractura semejante en la sociedad asturiana pese a la solidez de los servicios sociales.
Sobre la cooficialidad de la llingua asturiana se posicionaron todos los portavoces según su perfil ideológico: la izquierda a favor y el centro-derecha en contra. La intervención de Adrián Pumares (Foro) cambió el guión al condicionar su voto favorable al cumplimiento de unas condiciones que solo tienen que ver en un punto con la llingua, al exigir una mayoría parlamentaria cualificada, de tres quintos, para aprobar la futura ley de normalización o uso del asturiano. El resto de condiciones son de carácter fiscal (elevar la bonificación del Impuesto de Sucesiones al millón de euros, rebajar medio punto el gravamen el tramo autonómico del IRPF en medio punto), demográfico (una línea de ayudas a la natalidad con 150 euros por cada recién nacido hasta que cumpla la mayoría de edad) y de infraestructuras (la ejecución del convenio de integración ferroviaria en Gijón firmado en 2019). El Gobierno socialista acepta sentarse a negociar con Foro a la vez que inicia la ronda de contactos para aprobar el presupuesto. Hasta ahora parecía que el apoyo a la oficialidad pasaba por garantizar la voluntariedad en el aprendizaje y uso de la llingua, pero va a depender de la capacidad de integrar demandas ajenas a la reforma estatutaria.
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