La España del estraperlo
Luceño y Medina han desvelado que el antídoto contra la corrupción no son únicamente las leyes. Se necesita que la cultura de la integridad pública penetre en las instituciones
Si buscan en el diccionario el significado de la palabra estraperlo, encontrarán que lo define como el «comercio ilegal de artículos intervenidos por el Estado ... o sujetos a tasa». Sin embargo, el origen de la palabra está en un escándalo protagonizado por dos avispados holandeses, apellidados Strauss y Perlowitz, inventores de una especie de ruleta fraudulenta, que allá por el año 1935 llegó a instalarse en los casinos de San Sebastián y Formentor gracias a su cercanía e influencia sobre el gobierno radical-cedista de Alejandro Lerroux. Cercanía que les permitió sortear las prohibiciones que en aquellos tiempos afectaban a los juegos de azar, y particularmente a la ruleta. La influencia procedía de las jugosas cantidades y los valiosos relojes de oro con que habían sido agasajadas singulares figuras del mayoritario Partido Radical, muy especialmente el sobrino del presidente, Aurelio Lerroux.
Puede que todo esto les suene. Cambien apellidos holandeses por los muy castizos Medina y Luceño y ahí tienen el 'Straperlo' de nuestros días. Dos avispados brokers de materias primas, cerdo y pollo incluidos, emplumados y puestos en la picota por unos medios de comunicación capaces de convertir en salsa rosa el más abstruso de los procedimientos administrativos, abroncados por un juez desatado, más actor que riguroso jurista, y utilizados como balas de cañón en la trinchera partidista. Vamos, lo habitual.
Y sin embargo, ahora que se imponen las opiniones contundentes, esas del 'todos son iguales', ahora que las teas encendidas de los enemigos del sistema amenazan con incinerar nuestra democracia, ahora que este y otros escándalos abren y cierran los telediarios en una suerte infinita de paseíllos judiciales; ahora, precisamente ahora, a mí me apetece decir que esta España no es la del estraperlo, no es la de 1935, no es la de Rinconete y Cortadillo, ni siquiera la de Matesa o la de Juan Guerra. A pesar de que ya hemos olvidado aquellos días de silencio y muertos, balcones y aplausos, la España del siglo XXI es la de los empresarios de verdad, los que ofrecieron los contactos de sus compañías, gratis total, para traer material sanitario; la de los funcionarios que doblaron turnos para hacer bien su trabajo, de los sanitarios que arriesgaron y perdieron sus vidas por no dejar abandonados a sus pacientes; y la de ingenieros, como los asturianos del grupo ReesistenciaTeam, que trabajaron en jornadas maratonianas para replicar con impresoras 3D los respiradores convertidos en bien de primera necesidad. Esa España no la pueden empañar los Medinas y Luceños con contactos a millón de euros.
Es cierto que, ante una situación tan excepcional, se optó por dotar de la máxima agilidad a las Administraciones Públicas. En concreto el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, permitió que a todos los contratos que debían celebrarse para hacer frente al Covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. Una tramitación que habilita al órgano de contratación, sin obligación de cursar expediente alguno, para contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Acaso podía hacerse otra cosa? Creo que no. Eso sí, ninguna norma deshabilitó la defensa del interés público, ni autorizó a pagar como caviar las lentejas.
Luceño y Medina han desvelado que el antídoto contra la corrupción no son únicamente las leyes. Se necesita que la cultura de la integridad pública penetre en las instituciones. Y para ello es imprescindible una función pública bien dotada, manejada por servidores independientes que no funcionen a expensas del contacto del primo o el hermano de turno, refractarios al 'colegeo' con el suministrador afín, y capaces de hacer las sencillas y obvias preguntas pertinentes: «¿SanChinChon, ese quién es? Dame su teléfono que ahora le llamo».
Una cultura de la integridad para desterrar ese mal antiguo y que me niego a reconocer como característico de la España actual: el enchufismo, el clientelismo, el conseguidor que saca lustre a su agenda, icono de una sociedad rentista.
«Peor que la guerra fue la posguerra», una frase lapidaria que hace referencia al tiempo que vino tras nuestra guerra incivil. Un tiempo de destrucción moral y también material. La falta de alimentos, el pan negro como símbolo de la hambruna, las cartillas de racionamiento. Las colas interminables para lograr un pedazo de pan, un poco de azúcar, arroz, aceite... Ante la falta de alimentos, el mercado negro creció de forma espectacular. Ahí se generalizó el concepto de estraperlistas, grandes y pequeños amasadores de fortuna, cuyos contactos con los funcionarios corruptos de la dictadura les permitieron sortear las tasas y limitaciones de un mercado intervenido.
La historia del estraperlo es la historia de la supervivencia de la población, pero también la historia de un estado destruido, unas instituciones sin control y una función pública al servicio de una ideología. No, afortunadamente no vivimos en la España del estraperlo, pero cuando los nuevos estraperlistas merodean conviene no olvidar la historia.
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