Estatuto, abrir el debate

Una actitud que contrasta con el interés despertado en la Junta General del Principado, uno días antes, cuando el vicepresidente, Juan Cofiño, anunciara la intención del Ejecutivo de aumentar el contenido estatutario con la recepción de las competencias hidráulicas. Se trata de una competencia que ya estaba definida como exclusiva en la redacción inicial del Estatuto y que no fue transferida, pese a haber sido objeto de negociación con el Gobierno central durante el segundo mandato de Álvarez Areces (2003-2007). La gestión de los ríos está en manos de la Confederación Hidrográfica del Norte; la transferencia de esta competencia al Principado supone un coste anual de 20 millones de euros, sumando el personal, las inversiones, mantenimiento, etc. La clave de este traspaso, como el de cualquier otro, está en la dotación financiera que lo acompañe. Asumir una competencia infrafinanciada implica un trasvase anual de recursos desde otros capítulos del presupuesto para hacer frente al déficit generado. Eso fue lo que ocurrió, en los años noventa del pasado siglo, con la recepción de las competencias universitarias por parte del Principado. La nominativa (sueldos) se calculó por defecto y toda la institución académica arrastró el déficit de financiación durante largos años. Lo mismo puede ocurrir con otras competencias de gran envergadura que no están transferidas, como la red ferroviaria de cercanías, demandada por grupos como Podemos y Foro. Es preciso siempre comprobar que se recibe con un respaldo económico suficiente. Es mejor que el Estado gestione un servicio antes que asumirlo el Principado en condiciones precarias.

El Gobierno presentó una lista de once propuestas para incorporar en el Estatuto. Son de distinta importancia y naturaleza, aunque todas merecen ser debatidas. Hay alguna muy sencilla, como la redacción de un preámbulo, una ausencia que debe cubrirse con una exposición razonada de motivos y objetivos. El reconocimiento de la capitalidad de Oviedo no deja de ser una constatación histórica, aunque puede haber controversia si la capitalidad conllevase otros atributos. Hay cinco propuestas referidas a las instituciones autonómicas, entre las que destaca la incorporación de la figura del Decreto-Ley. Es un instrumento de los gobiernos contemplado en los ordenamientos jurídicos, pero hay grupos de la oposición que recelan del mismo por creer que da poderes desorbitados al Principado. También cabe introducir modificaciones en la investidura de los presidentes, ya que los diputados autonómicos asturianos carecen de la facultad de votar «no»; una anomalía a escala europea, con la excepción parcial del País Vasco. La cuestión de los blindajes en determinados servicios públicos queda abierta en una de las propuestas. El Gobierno introduce la declaración de oficialidad para la llingua y la posibilidad de incorporar nuevas competencias en línea con las recogidas en las últimas revisiones estatutarias de otras comunidades autónomas. Hay suficiente materia para discutir. Sería absurdo que el enroque de unos y otros en las posiciones de partida lo impidiera.