Interlocución con Madrid

Adrián Barbón habló en la Junta General del Principado sobre la necesidad de adaptar la industria a los cambios originados por el objetivo de la descarbonización y advirtió de que el proceso se puede acelerar en Europa tras las próximas elecciones alemanas (26 de septiembre), con las propuestas que agitan Los Verdes, la segunda formación en intención de voto. En la misma comparecencia, el presidente defendió que Asturias cuenta con una política industrial.

Desde la firma del Protocolo de Kioto en el año 1997, la Unión Europea ha encabezado, a escala mundial, la lucha por rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las políticas para evitar el cambio climático han adquirido en la UE la fuerza de un imperativo categórico, pudiendo discernir en base a ellas lo que es bueno o malo en cualquier política pública. En Asturias, la apuesta decidida por la descarbonización se ha traducido rápidamente en hechos con la clausura de las explotaciones de carbón y el cierre de las térmicas, sin que las pérdidas de activos energéticos hayan sido sustituidas por nuevos recursos que se correspondan con un mix energético neutro en carbono. A estas alturas, la tan cacareada transición energética justa no pasa de ser un simple enunciado en nuestra región. A la pérdida de activos energéticos se suma la situación de fragilidad en que se ve la industria básica asturiana, muy intensiva en consumo eléctrico y que se encuentra en inferioridad para competir con las factorías francesas y alemanas, que gozan de unos aprovisionamientos energéticos sensiblemente más baratos. El diferencial de costes aumentó en los últimos años por la apuesta del Gobierno de España por la descarbonización exprés, mientras en Alemania, hace diez meses, se permitían inaugurar una central térmica de carbono tras retrasar hasta el año 2038 el cierre del parque termoeléctrico. Todo ello sucedía mientras el Gobierno de España daba una vuelta de tuerca a la industria electrointesiva al dejar sin recursos las subastas de interrumpibilidad (dinero con que se compensa a las industrias electrointensivas por aceptar cortes de suministro ante situaciones de alta demanda eléctrica de la población). Hace seis años, el reducido grupo de industrias electrointensivas recibían 500 millones por el servicio de interrumpibilidad, para quedar rebajado a cinco millones en 2020. A ello hay que añadir la negativa del Gobierno a elevar al máximo la compensación por los costes indirectos de CO2. En ese contexto, el estatuto de los consumidores electrointensivos fue un jarro de agua fría para la industria asturiana al no tener en cuenta ninguna de sus demandas.

La creación de la Alianza por la Industria de Asturias, integrada por grupos parlamentarios, agentes sociales y otras instituciones, sirvió para recoger las demandas no satisfechas en el estatuto eléctrico. Hasta la fecha no se ha avanzado porque hay un problema serio de interlocución con el Gobierno de España, que no ha contestado las enmiendas al estatuto eléctrico registradas por el Principado ni ha sido posible fijar una fecha para que Adrián Barbón presente las reivindicaciones de la Alianza por la Industria al presidente del Gobierno. Hay un amplio consenso en la región sobre los problemas y las soluciones para el sector industrial, pero las competencias están en Madrid. Es preciso hacer un ejercicio de persuasión y presión colectiva, desde las instituciones autonómicas y la sociedad, para que el Ejecutivo dé una respuesta a las necesidades. La última esperanza está en puesta en los fondos del Mecanismo Europeo de Modificación y Resiliencia. España va a recibir en los dos próximos años 70.000 millones de euros, el 39% irán destinadas a financiar proyectos relacionados con la transición ecológica. Hay proyectos concretos para la producción de acero verde o para la generación de hidrógeno, junto a campos eólicos marinos, entre otros. Proyectos estratégicos para España que representan el futuro para Asturias.