Inventario de estupores

Hay otro motivo de estupefacción en la actualidad política. Se trata de las manifestaciones de cualificados representantes del PP de Asturias incorporados a la legítima marea de rechazo a la imposición de peajes en autovías y autopistas con que amenaza el Gobierno. Hay que poseer cantidades industriales de desfachatez para utilizar desde esa formación política el peaje de la autopista del Huerna como ejemplo de agravio permanente a Asturias, cuando es notorio que la explotación privada de esa vía de comunicación vital para la región expiraba en 2012, pero en 2002 fue ampliada hasta 2050 por el Gobierno del PP presidido por Aznar, que tenía a Cascos como ministro de Fomento.

El inventario de estupefacciones no se agota ahí, sino que crece con la que causa la pretensión de Pymar (patronal de pequeños y medianos astilleros) de cambiar el Plan General de Ordenación para que se permita la construcción de viviendas, hasta 400, en los que fueron terrenos del Dique de Felguera, primero, y luego de Naval Gijón. La construcción naval en Gijón, y en Naval Gijón, requirió la aportación de ingentes cantidades de recursos económicos del sector público para sostener su actividad. Que cuando el Dique y Naval Gijón son historia, muchos años y muchos millones de euros después de sus peores momentos, aparezca en escena un nuevo actor con credenciales de propietario y exigencias urbanísticas que derivarían en un gran negocio inmobiliario, causa pasmo. Construir más viviendas a la orilla de la mar no parece asunto urgente y, además, a unos pocos centenares de metros espera el solarón con ese destino. Corresponde al Ayuntamiento defender los intereses generales del concejo, que a simple vista no parecen coincidir con los de Pymar.

Tampoco suele haber coincidencia en lo que conviene a Gijón y lo que decide desde la inmensa lejanía de menos de 30 kilómetros el Gobierno regional. Acaba de ocurrir con el embrollo de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, una fundación gobernada con el mando a distancia de la consejera de Cultura y con los miembros de su patronato como figuras decorativas, o poco menos, según se puede deducir de las declaraciones de alguno de ellos, como la alcaldesa de Gijón, que debería explicar, entonces, qué hace ahí. El lío, la situación, de Laboral es un reflejo más de que al Ejecutivo autónomo, y a algunos altos funcionarios, parece incomodarles que organismos como la TPA, Recrea y Laboral mismo estén en Gijón. El caso del nonato Consejo de Transparencia, cuyo presidente in pectore se permitió objetar que se establezca en Avilés, es revelador sobre ese inadmisible concepto patrimonial que de Administración pública tienen no pocos de sus más distinguidos empleados.

La imposible ubicuidad de la consejera de Cultura, integrante de numerosos patronatos, fue causa también de su papelón en la cuestión de los cuadros de la Fundación Selgas-Fagalde, como el desempeñado en el mismo asunto por el exrector de la Universidad de Oviedo, los dos representantes del arzobispado y el alcalde de Cudillero.

Este, en vez de buscar disculpas, como los otros, para justificar la ligereza de su actuación en la venta del Goya y su estancia en la inopia con motivo de la frustrada exportación del Greco, sostiene que son asuntos privados. Quizás se deba ese peregrino razonamiento a que todavía no se ha dado cuenta el hombre de que el miembro del patronato no es Carlos Valle, alcalde de Cudillero, sino el alcalde de Cudillero, Carlos Valle.