Agitada semana política

El viernes día 11, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, prendió la mecha con una intervención parlamentaria sobre el accidente de la mina de Cerredo que fue criticada por todos los grupos, excepto por los diputados socialistas, al atribuir toda la culpa a la empresa Blue Solving, propietaria de la mina, sin hacer el más mínimo atisbo de autocrítica por no haber detectado a través de las inspecciones las irregularidades cometidas.

El Domingo de Ramos, Ovidio Zapico (IU) reclamó que se sustanciaran responsabilidades «judiciales, administrativas y políticas». El lunes, la diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, registró la petición de una comisión de investigación parlamentaria. PP (Queipo) y Foro (Pumares) hicieron lo mismo, mientras Vox recordaba que había sido el primer grupo en pedir la citada comisión.

Ya había mayoría de escaños para sacar adelante la investigación. Faltaba por conocer la postura oficial de IU, pendiente de convocar a la dirección del partido, aunque las declaraciones de Ovidio Zapico habían sido inequívocas y la portavoz parlamentaria, Delia Campomanes, había tenido la intervención más dura y certera: «La ley obliga a proteger a los trabajadores y ese derecho fue vulnerado (teniendo en cuenta) las competencias de la Administración en materia de vigilancia y control». El dique puesto por los socialistas para impedir la investigación quedaba superado por una nueva mayoría de diputados que necesitaba saber lo que había pasado en Cerredo, incluyendo los controles de la Administración, que como dijo Delia Campomanes, «fallaron estrepitosamente, incomprensiblemente, inexcusablemente».

Belarmina Díaz dimitió, al día siguiente, al ver que había luz verde para investigar, entre otros cometidos, su labor al frente de la Dirección General de Minas (siete años) y de la Consejería de Transición Ecológica (tres meses). La pataleta de los socialistas diciendo que ya estaba clara la responsabilidad de Blue Solving en el siniestro, siendo innecesaria la comisión parlamentaria, y arguyendo que la experiencia de las comisiones en la Junta General del Principado era negativa, no sirvieron para detener el proceso.

La sorpresa llegó de la mano de IU, que dio un giro copernicano al pasar de abrir las puertas a la investigación a cerrarlas. Reunido el órgano de dirección, rechazaron la comisión de investigación «al entender que la derecha y la ultraderecha pretenden convertirla en un elemento de desgaste del Gobierno y no para aclarar lo que sucedió en el siniestro». No aportaron ni un razonamiento que avalara el paso del blanco al negro en horas. Puestos a disparatar, aseguraron que del lunes al martes hubo un gran cambio porque se está ya en un «escenario en el que la investigación y la regeneración se van a abrir paso sin erosionar al Gobierno progresista».

¿Qué investigación y regeneración se van a abrir paso si el PSOE sólo acepta centrar las pesquisas en la empresa minera? ¿Cómo van a permitir los socialistas que se investigue todo lo sucedido desde los tiempos en que Nieves Roqueñí era la consejera de Industria?

Cuando se llevan muchos años viendo la misma función teatral, no es difícil llegar a la conclusión de que el cambio del blanco al negro de IU, tan carente de argumentos, es producto de la presión del socio mayoritario del Gobierno que le responsabiliza de hacer fracasar al Ejecutivo si se suma a la mayoría de los partidos que quieren la comisión de investigación.

Aquí no hay otro malo que la empresa y, por supuesto, la derecha y la ultraderecha, mientras el Gobierno progresista va a regenerar las estructuras mineras. Para evitar que la comisión de investigación arroje luz en la penumbra sólo es necesario evitar que la diputada Tomé mantenga su apoyo a la comisión, una decisión que está en consonancia con lo que fue el espíritu fundacional de su antiguo partido. La primera preocupación del Gobierno es llevar al redil a Tomé. Los afiliados de Somos Asturies decidirán con su voto.

Tres crisis de Gobierno lleva Adrián Barbón en menos de dos años de legislatura. La primera tuvo como objetivo sacar a Melania Álvarez (consejera de Derechos Sociales y Bienestar) del Gobierno. El fracaso en la gestión del pago de subvenciones al alquiler de viviendas, le obligó a prescindir de ella. Primero le retiró las competencias de Vivienda, luego la apartó de la portavocía del Gobierno y, por fin, le logró un escaño en el Senado, una vez que Enrique Fernández se levantó del asiento para ocupar la presidencia de Hunosa. Puertas giratorias.

La segunda crisis tuvo de protagonista a Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. El escándalo de la ausencia de pólizas de seguros en las plantas de Cogersa hizo que Barbón la encumbrara a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón, poniendo en su lugar a Belarmina Díaz.

La tercera crisis sucedió estos días con la dimisión de la consejera Díaz, por el súbito desgaste sufrido con las informaciones sobre el siniestro de Cerredo. En ninguna de las tres crisis de Gobierno hubo el más leve reconocimiento de errores.