Otra denuncia en Cerredo

El Principado tampoco dijo ni una palabra de la denuncia recibida a través de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, pese a que todas las referencias sobre las investigaciones que hay sobre la mina vienen envueltas en la balsámica etiqueta de «transparencia».

En octubre de 2023, año y medio antes, ya había denunciado un particular la actividad ilegal en la mina, a través de un correo al Principado, pero por imponderables la denuncia quedó sin tramitar. Lo cierto es que, pese a lo ocurrido en 2022, cuando tras otro siniestro mortal se supo que la empresa extraía carbón de forma ilegal, la Dirección General de Minería y Energía del Principado no tuvo empacho alguno en concederle una licencia a la empresa para analizar el carbón y extraer nuevos materiales en el tiempo récord de 33 días. Así ya logró la empresa la forma legal de hacerse con miles de toneladas.

La vicepresidenta fue cuestionada en el Senado por la actuación del Gobierno en el accidente de Cerredo, pero lo cierto es que el Ejecutivo puede dictar normas generales sobre la minería, pero la competencia en la concesión de permisos, la gestión de los recursos mineros, el control y la inspección de las explotaciones corresponde al Principado. Para que reine la transparencia y no haya silencios interesados, cada vez se hace más evidente que junto a las investigaciones judicial y administrativa hace falta una comisión de investigación parlamentaria que señale con el dedo a culpables y cómplices.