El estatus de los médicos

La protesta de los médicos se produce por la reforma del Estatuto Marco, emprendida por la ministra Mónica García (Más País). Estamos ante un caso típico de decisiones estatales que sufren los gobiernos autonómicos. El actual Estatuto Marco entró en vigor hace más de veinte años (2003); la reforma no responde a una exigencia concreta de la Comisión Europea para la sanidad, ya que el empeño de Bruselas era algo mucho más amplio como es acabar con el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas españolas. A esa cuestión podía ceñirse la reforma, pero puesto el problema en manos de Mónica García, la temática se hizo más amplia, hasta el punto de que una de las principales críticas de los facultativos es que en el borrador del Estatuto Marco aparecen situados en un grupo con enfermeros, fisioterapeutas y optometristas (ópticos).

Cualquier español, con un mínimo de formación, sabe que la profesión médica tiene un fuerte componente corporativo, como todas las profesiones que tienen un acusado perfil identitario, labrado tras muchos siglos de práctica profesional (en tiempos de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya era una actividad reconocida, con un especial lazo entre maestro y discípulo, y rudimentarias escuelas) que siempre estuvo acompañada por el respeto de la sociedad. Una ministra de Sanidad, máxime siendo de la profesión, no puede constituir un marco donde el encaje de los médicos sea conflictivo. Se podrá regatear sobre el número máximo de guardias al mes o la densidad de las agendas en Atención Primaria, pero es absurdo discutir el carácter singular de los médicos en el sistema sanitario y en la sociedad. No debe haber privilegios de ningún tipo, pero las normas deben responder a una realidad que reconoce el cien por cien de la población. Un ministro está para resolver problemas, no para crearlos artificialmente. Así no se hace más país.