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Una vez aprobados los presupuestos de un gobierno nacional, autonómico o municipal, la ejecución del gasto (entendido de una forma global de modo que incluya ... las inversiones) es más fácil en los departamentos que tienen mucho personal, porque el dinero asignado se va casi todo en el pago de las nóminas de los funcionarios y empleados. Es un puro automatismo. Da igual quién sea el presidente, ministro o consejero. Es lo que sucede en la educación asturiana, donde se ejecuta casi el 100% de los recursos aprobados porque casi todo se dedica a pagar los salarios de los profesores, maestros y personal de apoyo. En sanidad no sucede exactamente lo mismo, ya que el gasto en personal consume el 50% del presupuesto, mientras que un 25% se dedica a farmacia y otro 25% a tecnología. Estos porcentajes tienen un carácter aproximado y valen para cualquier comunidad autónoma. Con el gasto en farmacia ocurre algo parecido a lo que sucede con los sueldos del personal. Las recetas de los médicos y la visita a la farmacia se realizan sin participación de los gobernantes. En consecuencia, en la sanidad asturiana también la ejecución presupuestaria está por encima del 98%.
El problema de gestionar el presupuesto y gastar todos los recursos asignados se da en departamentos con un importante carácter inversor. Ejemplo de ello, lo tenemos en el Principado con el presupuesto del pasado año. En las consejerías inversoras es donde quedó un alto porcentaje de recursos sin gastar. En la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, con 112,3 millones asignados y escaso personal, el 42,3% del dinero quedó sin utilizar. Al repasar algunos programas se ve más clara la diferencia entre los compromisos inversores y la realidad del dinero consumido. El programa de promoción de la vivienda, tema estrella y en el que está volcado el consejero, Ovidio Zapico (IU), contaba con una reserva de 84,4 millones y sólo se ejecutaron 23,7. De los nueve millones de fondos europeos para la construcción de vivienda pública, solo medio millón alcanzó la categoría obligación contable.
En la Consejería de Transición Ecológica, con Nieves Roqueñí de máxima responsable, había 313,3 millones para invertir y sólo se consumió el 55,9%. El Principado ponía como ejemplo de progreso que gastábamos menos en carreteras y más en ecología, pero la noticia está en que la mitad del dinero queda sin gastar. Cada vez se parecen más las cifras de los presupuestos a la propaganda electoral.
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