Relación especial

Con las empresas de Rodríguez Morán el trato del Principado fue diferente. El ejemplo más evidente es lo sucedido en el año 2022. La empresa Combayl solo tenía permiso para retirar acopios y material exterior de la mina. Posteriormente, la empresa comunicó al Servicio de Minas que quería extraer material del interior para hacer un estudio sobre la calidad del carbón. A los dos meses un vehículo de carga ('dumper') perdió los frenos en el piso sexto de la mina y murió un operario. La conclusión brotaba sola: se estaba extrayendo carbón del interior. Pese a ser calificada la infracción como muy grave, la Administración no cerró la explotación, conformándose con poner una multa de 20.000 euros, que quedaría reducida por pronto pago.

Pese al antecedente, el Servicio de Minas no puso ningún inconveniente al cambio de propiedad de Combayl a Blue Solving para trabajar con una empresa que tuviese la hoja de servicios libre de mancha. Cuando la nueva empresa quiso retomar el proyecto de investigación, obtuvo en 33 días el permiso. Espectacular. Otro aspecto llamativo es el tiempo que llevaba la mina sin ser inspeccionada cuando tuvo lugar el luctuoso accidente del pasado 30 de marzo.

El contexto no es menos interesante que lo que ocurría en el interior de la mina. Cuando todo lo anterior sucedía, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) firmó un convenio con el Principado para restaurar el cielo abierto de la mina de Cerredo. Un proyecto de 27 millones de euros, con la Unión Europea aportando el 87,4%. En esa época se hizo Combayl con los derechos mineros de Cerredo. Un terreno de 660 hectáreas. Para completar el puzzle, el Principado encargó a Tragsa la ejecución del proyecto. ¿A quién, si no, se la iba a encargar? A ver si la comisión de investigación enciende la lámpara para conocer todo lo que sucedió en Cerredo.