Soluciones equivocadas

Ante un problema, primero se toma una decisión y luego se gestiona. Pues bien, en la elección de la solución, habitualmente guiada por condicionantes ideológicos, está una buena parte de nuestros males.

Me vino todo esto a la cabeza al ver a la ministra de la Vivienda, Isabel Rodríguez, de visita en el solar de Peritos (Gijón) para admirar la construcción de las 250 viviendas destinadas a alquiler asequible para jóvenes. Una actuación digna de encomio.

La ministra habló de incrementar la inversión en políticas públicas de vivienda y también se refirió a las zonas tensionadas, figura clave en la nueva Ley de Vivienda. Hizo un comentario llamativo: «la declaración de zona tensionada no es ningún éxito, sino que es reconocer un fracaso y ponernos a trabajar para remediarlo». Traduzcamos: el fracaso es el precio del alquiler y la solución, sentarse encima de los precios para que no crezcan.

Una vez metidos los dos pies en el charco, añadió: «en algunos barrios de Barcelona, después de año y medio de aplicación de la Ley de la Vivienda, se ha conseguido reducir los alquileres un 8%». Vamos a ver qué pasa con las zonas tensionadas.

El 90% de los municipios de España con zonas tensionadas están en Cataluña. Podemos decir que esa comunidad autónoma es el laboratorio donde se experimenta con la Ley de Vivienda. En las zonas tensionadas los precios se han estancado o tuvieron una mínima subida, pero la oferta cayó un 6%. El resultado es que Cataluña tiene la mayor cantidad de demandantes: 344 ciudadanos están interesados en alquilar por cada vivienda disponible. El precio del alquiler, de media, es el tercero del mercado: 1.442 euros mensuales.

La segunda comunidad autónoma con más zonas tensionadas es el País Vasco. La aplicación de la Ley de Vivienda ha hecho que cayera en picado la oferta, al reducirse en un 13,4%. Sólo Cantabria y Asturias se acercan a ese porcentaje. En el País Vasco hay 111 demandantes por cada vivienda que se alquila. El precio del alquiler es el cuarto más alto de España, con 1.333 euros, por detrás de Baleares, Madrid y Cataluña.

Conclusión: atacar el déficit y la carestía de las viviendas para el alquiler con la estrategia de sentarse encima de los precios no soluciona el problema, porque el bien vivienda se vuelve más escaso (los oferentes huyen de las zonas tensionadas). Y sin que crezca la oferta no habrá suficientes pisos, ni los precios serán asequibles.

En Asturias hay 33 personas interesadas por cada vivienda en alquiler. Una situación menos agobiante que la de los mercados del alquiler en Cataluña y País Vasco. Ahora bien, sin haber puesto en marcha las zonas tensionadas, sólo con anunciarlas, la oferta se redujo un 9%. Es la cuarta comunidad autónoma donde más se contrajo la oferta de pisos de alquiler, por detrás de Cataluña, País Vasco y Cantabria (9,2%).

La política de la vivienda del Principado, la solución que da al déficit de pisos de alquiler y la cuantía de los arriendos, es bien conocida: construir vivienda pública y aplicar el programa 'Alquilámoste', donde los propietarios de pisos de alquiler ceden la gestión al Principado que garantiza el estado del inmueble y el cobro de la renta, con la condición de que ésta sea contenida.

Deseo toda la suerte del mundo a la buena gente de IU que está al frente de la vivienda, pero la solución que proponen no lleva al éxito. Haría falta contar con un parque público de decenas de miles de viviendas (llevaría 40 años lograrlo) y gestionarlo de una forma radicalmente distinta a la realizada con Vipasa. Solucionar el problema del alquiler en Asturias, o en cualquier otra región, sin contar con las empresas privadas es inútil.

Otro ejemplo de solución equivocada es la aplicada a la ubicación de los parques de baterías, responsabilidad de IU. Se trata de equipamientos absolutamente indisociables de las energías renovables, ya que es la forma de almacenar los excedentes de generación eléctrica.

Hubo un tiempo en que IU era el partido, o la formación política, con más sensibilidad industrial y energética, pero luego giró hacia el ecologismo y, como es muy difícil alcanzar la síntesis entre dos posiciones opuestas, transitó del rojo al verde sin contradicciones internas.

A la problemática de los parques de baterías llegó con el prejuicio del daño medioambiental. Dejó claro desde el primer minuto que no podía haber parques de baterías en el suelo no urbanizable, que es tanto como vetar el 90% del territorio regional. En toda España se desató la euforia por invertir en parques de baterías y, como siempre que alguien trae algo nuevo, un sector de la población se puso en contra.

Ante las quejas del personal, el Principado optó por una suspensión de licencias para parques en suelos no urbanizables hasta que se aprueben las directrices sectoriales que los regulen.

Conclusión: por toda España se construyen parques de baterías, mientras que nosotros tenemos la persiana bajada hasta la próxima legislatura. Abriremos cuando esté el mercado colmado.