Huerna: hay que acabar con este desbarajuste

Tengo claro que la idea no caerá bien ni será acogida con ningún tipo de entusiasmo por parte de la ciudadanía, pero me parece la propuesta más razonable que se ha hecho hasta ahora a este respecto. Por un lado, es lógico que las empresas concesionarias se preocupen por la viabilidad de su negocio y planteen alternativas que afiancen su sostenibilidad. Por otro, el problema con el peaje del Huerna radica en que le corresponde al gobierno, y no a las empresas concesionarias, atender a los intereses generales de la ciudadanía; y ha sido el propio gobierno (y muy en concreto este gobierno) el primero que ha dejado los intereses generales al margen para centrarse en los suyos propios. Recordemos: el gobierno bonifica el peaje de la Autovía AP-9 a cambio del voto del BNG en la primera investidura de Sánchez, y el peaje del Huerna se queda como está para evitar el colapso financiero de un sistema arbitrario y absolutamente falto de transparencia. De hecho, tan falto de ella como para que dicho sistema pueda usarse como medio de pago de prebendas políticas. La palabra es: aberrante.

Volviendo a la propuesta de Seopan, y sin perjuicio de que las empresas propongan alternativas alineadas con sus propios intereses, no deja de resultar paradójico que sean las empresas las que pongan encima de la mesa una vía que encaja mucho más con los valores de un estado social y democrático de derecho que el actual sistema de peajes, opaco, discrecional, susceptible a la arbitrariedad política y a la discriminación entre territorios. No es la primera vez que se insiste en ello desde esta columna: la razón de ser de un peaje subyace en la necesidad de compensar las externalidades (impacto medioambiental, accidentes y sus consecuencias, mantenimiento o congestión del tráfico) inherentes a la construcción y uso de toda autovía. Lo justo, progresivo y progresista sería tener en cuenta que las externalidades a hacer frente por el uso de las autovías españolas son las mismas en todo el territorio nacional. En consecuencia, o todos los conductores de España deben contribuir solidariamente a contrarrestar dichas externalidades por medio de un peaje, o no debe hacerlo ninguno, y el estado subsana estas externalidades mediante la recaudación de impuestos y las correspondientes partidas en los presupuestos generales. Lo que no tiene sentido es continuar con el actual desbarajuste, y es obligación exclusiva del gobierno terminar con él.