De la libertad de expresión al estallido social

Aquí surge la primera duda. ¿No era evitable la inmediata ejecución de sentencia, toda vez que se está iniciando un cambio legislativo que la puede afectar? Hay expertos que avalan esa tesis.

Días antes de la entrada en prisión de Hasel, el Gobierno, a través de un comunicado de Moncloa, anunciaba una modificación urgente del Código Penal en materia de libertad de expresión. Era una forma obvia de ir detrás de los acontecimientos, cuando ya la opinión pública venía demandando con claridad un cambio legal.

Unidas Podemos también había presentado antes una proposición de ley más contundente al respecto, visto el retraso gubernamental de la parte socialista para impulsar una reforma tan necesaria. Piquillas aparte entre los dos grupos del Gobierno, no fue prudente aplazar tanto un tema tan sensible y ampliamente detectado. Así lo hizo constar Enrique Santiago, portavoz adjunto de UP, sin acritud hacia el otro socio, pero con convicción bastante para lanzar la iniciativa sin más retraso.

Pero la conmoción ciudadana no se agotó en el episodio de la detención del artista, sino que se expandió con fuerza, alcanzando los disturbios dimensiones inesperadas, sobre todo al llegar a las grandes ciudades, Barcelona, Valencia Madrid... Casi todos comienzan con manifestaciones pacíficas, pero después, en su transcurso, derivan en verdaderas batallas campales, en buena parte porque también la violencia policial está siendo mucho más evidente en esta ocasión. No negamos que las protestas sean incisivas, pero cuando se junta el hambre con las ganas de comer, ahí tenemos servido un conflicto social abierto, que costará cortar solo con detenciones y violencia policial extrema.

El Ministro Grande Marlasca ha sacado pecho para defender a las fuerzas de orden público, pero la mejor defensa es mantener un comportamiento proporcional al riesgo, lo que no está sucediendo realmente.

Ha sido muy comentada la intervención de Pablo Echenique a favor de las protestas, por lo que se le ha acusado de provocar en medio del conflicto. Pienso que existe una diferencia nítida entre apoyar la lucha por la libertad de expresión, que es el móvil inicial de las manifestaciones, que llamar a la violencia, como se le ha querido adjudicar. Él mismo aclaraba más tarde en televisión ese importante matiz.

Es evidente que Unidas Podemos no ha organizado esto. La solidaridad con una causa tan clara como es la de que la libertad de expresión no debe nunca acarrear penas de cárcel, en ningún caso puede entenderse como provocación a la violencia.

Nuestro país cuenta con una legislación manifiestamente mejorable en esa materia, numerosos expertos señalan cómo las instituciones democráticas pueden ser objeto de la crítica ciudadana por diferentes medios. En concreto, la creación artística es una faceta que cuenta con especial protección en ese campo, no porque cada expresión nos guste más o menos, sino porque forma parte de esa libertad esencial para crear y para comunicar. Por ello, es doctrina firme en el derecho comparado que tales actividades no pueden perseguirse con penas desproporcionadas, como lo es la privación de libertad. Ya el tribunal de Estrasburgo ha mostrado en más de media docena de sentencias, que la legislación española no está acorde con dicha doctrina y así ha anulado las sentencias recurridas, lo que implicaba de por sí la urgencia de esa modificación legislativa. Pero cuando se dejan pudrir los problemas llega luego la desafección social y cívica. Expulsar los rasgos medievales de nuestras leyes es un compromiso democrático ineludible.

El enfado del presidente Sánchez con su socio de gobierno tiene una receta mágica: Enfado, no. Solución legal, sí.

En este momento crítico del país por la pandemia y la crisis económica subsiguiente, cualquier conflicto ciudadano se convierte inexorablemente en un estallido social, sobre todo porque hay demasiada gente que no tiene nada que perder, especialmente los jóvenes.