Las movilizaciones de ganaderos y agricultores realizadas en las últimas semanas en Oviedo y en Madrid evidencian los graves problemas que sufre el sector primario. ... Hay cuestiones pendientes de resolver desde hace muchos a las que han venido a sumarse otras que afloraron en los últimos meses. Los ganaderos asturianos se quejan de la falta de rentabilidad de sus explotaciones, al vender el producto al mismo precio que dos décadas atrás, mientras los costes de los factores de producción tienen una subida tendencial que en los últimos tiempos se ha intensificado. El precio de los piensos ha crecido más de un 40% en dos años; el forraje también se ha elevado por encima del 20%. Son datos muy sustanciales porque la alimentación del ganado representa el 55% del gasto total de la explotación. Si hasta la fecha se perdían, de media, cien ganaderías lácteas al año, con la actual estructura de costes la inmensa mayoría entran en zona de pérdidas. Para hacer frente a estos desafíos se ha reformado en diciembre la Ley de la Cadena Alimentaria para restablecer unas relaciones comerciales equilibradas entre productores, industria y distribuidores. Se prohíbe la venta a pérdidas a lo largo de la cadena para evitar la destrucción de valor. Cada agente debe pagar un precio al proveedor que absorba sus costes de producción. En la negociación de los contratos se contempla la figura del mediador y en aras de la transparencia se publicarán los precios. Para que las relaciones entre las partes funcionen armónicamente es preciso contar con la buena fe de todos los agentes. La ley trata de acabar con la actual relación de fuerzas donde las distribuidoras marcan precios muy bajos porque utilizan algunos productos como reclamo hacia los supermercados, forzando a la industria a exprimir a los ganaderos. Dificultades no van a faltar en la aplicación de la norma. El más evidente está en la complejidad para fijar los costes de producción. Otro problema es la burocracia, ya que la aplicación de la norma exige muchos controles. También va a incidir la competencia internacional, con leche más barata procedente de países donde no está prohibido vender por debajo de coste. No hace falta decir que la aplicación de la ley conllevará una subida de precios para el ciudadano que es el consumidor final. La reforma de la ley ha levantado grandes expectativas en los ganaderos que no pueden ser defraudadas.
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Los ganaderos protestan contra las obligaciones que contiene la profusa legislación. La reciente regulación sobre las granjas de bovino afecta de lleno a los que quieran construir una nueva instalación porque la normativa es puntillosa hasta en los más mínimos detalles. También en esta materia se observa una tendencia al intervencionismo creciente impulsada por las políticas de Bruselas. La nueva Política Agraria Común (PAC) introduce la figura de los ecoesquemas que eleva fuertemente las exigencias medioambientales para poder disfrutar de las ayudas económicas. Se pide la introducción de prácticas sostenibles para acceder a la financiación. No hay tanta preocupación sobre el volumen de las ayudas que se ofertan como de la capacidad de atender los requisitos burocráticos. A todo lo anterior se suma la amenaza del lobo para las ganaderías extensivas, al quedar blindado en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Los controles periódicos de población lobuna que llevaban a cabo los guardas de la Administración regional quedan sin efecto. En consecuencia los cánidos se expansionarán por el territorio y producirán más daños en el ganado. Solo en el Parque Nacional de los Picos de Europa crecieron un 79% las reses muertas. La Administración se ha comprometido a pagar indemnizaciones más altas y a hacerlo con agilidad. Las comunidades autónomas del noroeste, las más afectadas por la norma, han llevado al Ministerio de la Transición Ecológica a los tribunales. Sobrevuelan muchos problemas sobre el campo que las Administraciones deben ayudar a resolver.
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