Amnistía: engaño y traición

Hoy el PSOE cometerá un engaño, sí, porque la amnistía que hoy aprobará el Congreso de los Diputados es un puro artificio jurídico que pretende burlar la buena fe de los ciudadanos españoles a los que se les argumenta en la Exposición de Motivos que la misma atiende a un objetivo de interés general, la convivencia entre catalanes y la reconciliación de los secesionistas catalanes con el resto de españoles.

Sin embargo la realidad ha demostrado que obedece única y exclusivamente al interés personal de Pedro Sánchez Castejón y al partidista del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, apoyados a su vez por todos y cada uno de los concejales, diputados autonómicos, senadores, miembros de las ejecutivas territoriales y locales, que con su silencio cómplice y con su cobarde complicidad aun aspiran a vivir del puño y la rosa. Ni es jurídicamente admisible, ni por supuesto sirve al interés general, es el mayor acto de corrupción política de nuestra Democracia: amnistía a cambio de siete votos para una investidura.

Y es una traición, sí, en primer lugar porque es contraria a la palabra dada a los ciudadanos durante la campaña electoral en la que se proclamó, por el ejército de siervos de la sigla PSOE, que se rechazaba la misma por ser inconstitucional y, asimismo, porque es incompatible con la lealtad que todo servidor y dirigente público debe al Estado democrático de Derecho, cuya norma fundamental representa nuestra Constitución, suponiendo una ruptura del consenso constitucional.

Las consecuencias de la amnistía serán relevantes ya que afectando a principios nucleares de nuestro orden constitucional se convierte, como peligroso precedente en un virus que, una vez dentro de ella, corroerá a nuestra Democracia. ¿Que impedirá a partir de esta aprobación que como consecuencia de otras necesidades políticas del gobierno no le sean exigidas otras amnistías? Ojo con el desconocido y oculto contenido del «pacto de la capucha» entre PSOE y BILDU.

Una institución jurídica de tal calibre, que supone la extinción de la responsabilidad penal, administrativa y contable por hechos pasados y también futuros, conlleva el borrado total y absoluto de las responsabilidades derivadas de los hechos calificados como delito. Es un poder extraordinario de disposición sobre las consecuencias que la ley prevé: quien antes era un delincuente dado que así ha quedado fijado en sentencia firme, deja de serlo, sin embargo, otros por los mismos hechos seguirán siéndolo.

Los efectos jurídicos sobre principios y reglas nucleares del orden constitucional (igualdad ante la ley; legalidad penal y seguridad jurídica; reserva de jurisdicción de los juzgados y tribunales; prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y tutela judicial de los derechos e intereses de las víctimas de los delitos) sólo puede admitirse en nuestro ordenamiento jurídico si está expresamente prevista en nuestra Constitución, requiere de una previsión específica, la cual es inexistente, no hay habilitación constitucional porque así se quiso por la 'voluntas legislatoris' que ha quedado recogida en los textos de la ponencia y comisión parlamentaria.

El PSOE, que participa sin inmutarse en una mutilación constitucional perpetrada a golpe de chantaje parlamentario, comete hoy delitos de alta traición y lesa patria. Les envío desde aquí mi más expresivo desprecio.