El imperio de la ley
Manuel Barba
Martes, 8 de abril 2025, 02:00
El Imperio de la Ley (o primacía de la ley) es un principio que establece que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos ... a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En otras palabras, la ley es la máxima expresión de la voluntad democrática y actúa como límite al poder, garantizando seguridad jurídica e igualdad. El Imperio de la Ley en España es la garantía de que el poder se ejerce dentro de los cauces democráticos y jurídicos, evitando la arbitrariedad y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Es, en palabras de Pérez Royo, «el alma del Estado constitucional».
No obstante lo anterior, el Derecho puede ser instrumentalizado para fines antidemocráticos de diversas maneras, ya que las leyes y las instituciones jurídicas, aunque en teoría están diseñadas para garantizar justicia y orden, pueden ser manipuladas para consolidar el poder, suprimir libertades y perpetuar regímenes autoritarios. He aquí algunas formas en que esto puede ocurrir: legalización del autoritarismo (mediante reformas legales para concentrar el poder en el ejecutivo; debilitar los controles institucionales; usar el estado de excepción para justificar la suspensión de garantías constitucionales de manera prolongada); persecución legal de opositores (judicialización de la política; aprobación de leyes ambiguas o amplias que se aplican selectivamente para criminalizar a la disidencia); control del poder judicial (cooptación de jueces y tribunales mediante nombramientos políticos; reformas legales para que la fiscalía, dependiente del gobierno, investigue los delitos; mediante sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales que se convierte ilegítimamente en la ultima instancia judicial contraviniendo de forma prevaricadora sus funciones constitucionales); restricción de Derechos fundamentales (leyes que limitan libertades como la libertad de prensa o la libertad de expresión, bajo justificaciones como la «seguridad nacional» o el «orden público»; censura legalizada); manipulación electoral (mediante el control de organismos electorales o encargados de velar por la limpieza del sistema electoral); y corrupción del Estado de Derecho (mediante la impunidad para aliados del régimen, donde las leyes no se aplican a figuras cercanas al poder o por interés político, mediante indultos y amnistías contrarias al Derecho constitucional; el uso del aparato legal como herramienta de represión, donde policías, fiscales y jueces actúan bajo órdenes políticas en lugar de criterios jurídicos)
Carl Schmitt, uno de los juristas más influyentes (y controvertido) del siglo XX, desempeñó un papel clave en la justificación teórica de la transición de la República de Weimar al régimen nacionalsocialista. Su estrategia se basó en una interpretación radical del artículo 48 de la Constitución de Weimar, diseñando un marco donde la excepción se volvió la norma, permitiendo que Hitler usara decretos de emergencia y reformas legales para establecer una dictadura («Ley Habilitante de 1933»). En Venezuela, Chávez y Maduro, han usado reformas constitucionales, control del TSJ y leyes especiales para consolidar el poder.
¿Todavía cree, estimado lector que éso no puede ocurrir en nuestro país? No es que pueda llegar a ocurrir, es que ya está ocurriendo, con una u otra intensidad, ante sus propios ojos.
«No, el mal no prevalecerá» (W. Churchill).
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