Creo estimado lector que estará usted de acuerdo conmigo en que nuestra nación, España, tiene muchos problemas, alguno de ellos enormemente graves y preocupantes; basta ... leer la prensa libre, escuchar la radio o ver las cadenas de televisión no contaminadas por el argumentario gubernativo y de partido. Como profesional de la abogacía me atrevo a señalar que el primero de ellos, el principal y fundamental en mi opinión, es el intencionado ataque sistemático a nuestro Estado de derecho por parte del Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno de España y de la organización que le da apoyo político para que pueda hacerlo, el partido socialista.
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Uno de los elementos esenciales de cualquier democracia es el correcto funcionamiento de ese Estado de derecho. Cuando el poder político ataca deliberadamente con la intención de debilitar su independencia a una institución fundamental como es la Justicia, tenemos un grave problema, créame, lo tenemos.
Destruir el Estado de derecho es muy sencillo, solamente consiste en tener mucha insensatez, no tener ninguna convicción democrática y hacerlo despacito, a fuego lento, sin que se note, pero de manera constante y por la puerta de atrás. De esa modalidad estamos siendo testigos en los últimos años en nuestro país. Un primer ejemplo, la obtención de los votos favorables a la investidura del presidente del Gobierno de España proveniente de diputados, unos que participaron y, por ello fueron condenados, en la comisión de los delitos de sedición y malversación de fondos públicos en su intento de proclamar la República de Cataluña de forma unilateral, otros, los terroristas blanqueados por el partido socialista en una operación diseñada precisamente para ésto y, por ultimo, los recoge nueces del PNV. Voto favorable que se ha conseguido a cambio de, en primer lugar, la concesión masiva, no individualizada, de indultos en contra de la interpretación restrictiva que tiene esta figura y tras una sentencia ejemplar de nuestro Tribunal Supremo; en segundo lugar, degradando y reduciendo las penas por el delito de malversación, derogando el delito de sedición y, para terminar, aprobando una ley de amnistía inconstitucional y contraria al Derecho de la UE, otorgando la impunidad a quienes ni siquiera han sido juzgados al haberse fugado.
También hay que recordar los proyectos, en tramitación parlamentaria, dirigidos a controlar la justicia, como la denominada Ley Bolaños mediante la que se pretende modificar el sistema de acceso a la carrera judicial para controlar a la judicatura desde la base y la intención de otorgar a la fiscalía la facultad de instruir los procedimientos por delito. ¿Piensa usted que las investigaciones sobre la corrupción del partido socialista y de miembros de su gobierno o las relativas al fiscal general del Estado, al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno se pondrían en marcha y se desarrollarían sin presión alguna si fuese la fiscalía la encargada por Ley de hacerlo?
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Un mensaje positivo para finalizar, la situación no es irreversible, por ahora. Basta con que llegue un nuevo gobierno que tenga unas fuertes convicciones en lo que significa el Estado de derecho y sus bases, el imperio de la Ley, la división de poderes, la supremacía constitucional, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la neutralidad de las instituciones y la igualdad ante la Ley.
Es posible que haya Estado de derecho sin democracia, pero es absolutamente imposible que haya democracia sin un Estado de derecho.
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