Alternativas para el peaje del Huerna

Una primera opción sería el rescate de la concesión, consistente en que la Administración asuma la gestión directa de la autopista por razones de interés general, eficacia y eficiencia. La ejecución de esta solución correspondería al Estado, al ser el que en su día acordó la prórroga de la concesión, cuya necesidad cuesta entender por muchas razones técnicas que se aleguen, puesto que se plantea más de veinte años antes de que el contrato inicial llegase a su fin, lo cual no deja de resultar bastante anómalo. Sin esa prórroga, en 2021 se hubieran dejado de pagar los peajes que ahora se extenderán hasta 2050. El Estado no parece contemplar esta alternativa por la compensación económica que tendría que realizar a favor del concesionario. Pero este no sería un rescate al uso porque, si finalmente la prórroga resulta contraria a derecho, esas indemnizaciones se podrían atenuar ya que en realidad los beneficios dejados de percibir correspondientes por los años restantes no tendrían sustento jurídico. Más clara es la opción de la revisión de oficio que permite «en cualquier momento» tanto a la Administración como a los interesados instar la revisión de un acto nulo de pleno derecho, siempre que se cuente con informe previo favorable del Consejo de Estado, pero este «en cualquier momento» ha sido matizado por los tribunales en el sentido de que si han transcurrido muchos años (como ocurre en este caso) razones de seguridad jurídica pueden llevar a rechazar la revisión, aún cuando se reconozca que la actuación administrativa está claramente viciada. Aun así, se podría intentar y abriría la posibilidad de un pronunciamiento de los tribunales contencioso-administrativos (aparte del dictamen vinculante del Consejo de Estado).

También hemos oído hablar estos días de la bonificación total a todos los usuarios por parte del Gobierno de España. Es evidente que esto sería siempre que los presupuestos lo permitiesen, pero ciertamente no parece muy admisible que se siga abonando el peaje a un concesionario que se está beneficiando de una prórroga de dudosa legalidad. Aunque para los usuarios de la autopista el problema habría finalizado, desde el punto de vista de la gestión no es la mejor opción que con dinero público se bonifique aquello que no tendría que ser objeto de cobro por carecer de cobertura legal. La opción de no hacer nada a la espera de una posible sentencia del TJUE que diga claramente que la prórroga fue ilegal tampoco resulta lo más apropiado, porque los usuarios seguirían pagando el peaje y esto supondría seguir incrementando los posibles montos de las posteriores indemnizaciones que se puedan reclamar en un futuro y que también se pagarán con dinero público. La solución ni está clara ni es fácil y, con certeza, tendrá coste económico, pero merece la pena intentarlo porque Asturias se merece una salida a la meseta por una autopista segura sin pago de peajes, como ya ocurre en otras Comunidades Autónomas cercanas. Creo que por una vez estamos todos de acuerdo.