Modernizar la función pública

Desde la Vicepresidencia se ha formado una comisión de expertos, algunos ajenos al Principado, que ha trabajado durante siete meses para elaborar el borrador objeto de la negociación. El texto tiene como principales objetivos la simplificación de cuerpos y escalas funcionariales para facilitar la carrera profesional horizontal y vertical, terminando con las separaciones artificiales y los compartimentos estancos. La Administración tendrá unos plazos para la provisión de plazas que será de tres años en las ofertas públicas de empleo y de seis meses en los concursos. Una medida de gran interés para profesionalizar la Administración será la limitación de los puestos de libre designación que queda reservada para las subdirecciones generales y de forma excepcional para las jefaturas de servicio, siempre que se justifique. También cabe la libre designación para directores de centros y chóferes de consejeros. La observancia de esta medida constituirá un dique frente a cualquier intento de politizar la Administración. En la norma se da satisfacción a una demanda antigua de los gobiernos autonómicos consistente en poder recurrir a una movilidad forzosa de los empleados públicos, dentro del mismo municipio, por razones de servicio. La vuelta al puesto de trabajo original no podría demorarse más allá de un año.

En el borrador se contempla la figura del subdirector general, como coordinador, en los departamentos que haya más de cuatro jefaturas de servicio. La norma plantea la creación de un complemento de productividad para los funcionarios de los grupos A y B de la Administración que superen una evaluación de desempeño, algo que recoge la legislación básica del Estado. La exigencia europea de una mejora de la calidad de la función pública no es compatible con el café para todos que se aplica en la Administración, donde los empleados de un mismo nivel reciben la misma contraprestación económica sin que influya su rendimiento. En la norma se prevé que a partir de 2023 los puestos singulares serán evaluados. Aprobar la evaluación conllevará un plus de productividad y el mantenimiento del puesto obtenido por concurso. Dos evaluaciones consecutivas suspensas implicará el cambio de destino. El anuncio fue recibido con cierta reserva por parte de los portavoces parlamentarios, aunque ninguno se ha opuesto a discutirlo. Entre los sindicatos hay más disparidad de opiniones, desde los proclives a la negociación hasta alguna declaración de principios contraria al complemento. El articulado debería recoger algunos asuntos que no están en el borrador, como los criterios que se aplicarán en la evaluación y quién será el evaluador. Abrir un proceso así para que al final sea la propia jerarquía administrativa la que califique al funcionario y que el consejero de turno sea el encargado de aprobar las cuantías de los complementos que se reparten a cada departamento y empleado, no sería serio. El proceso debe estar mucho más objetivado y para llevarlo a cabo es preciso evitar que en la evaluación se mantenga el nexo entre jefe y subordinado. La reforma de la Administración autonómica es uno de los principales retos del mandato. Para llevarla adelante deben aprobarse normas modernizadoras con un amplio apoyo parlamentario. El previsible ajuste en la composición del Gobierno también debe ser una señal en la buena dirección.