Pedro Sánchez anunció ayer en Barcelona que el Consejo de Ministros decretará hoy la concesión de indultos a los nueve condenados del 'procés' que se ... encuentran presos. Lo hizo en un acto convocado bajo el título 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', ante 300 invitados entre los que no se encontraban los responsables de la Generalitat ni dirigentes o personas significadas por su independentismo, salvo dos integrantes de Arran -juventudes de la CUP- que fueron a interrumpir su alocución. Tampoco hubo representantes de los grupos contrarios a las medidas de gracia, que probablemente no fueron invitados. En el Liceu no se produjo ningún reencuentro entre sectores que estuviesen distanciados, aunque el presidente quiso mostrarse comprensivo hacia aquellos que discrepan de su decisión. Y resulta muy dudoso que sobre una resolución tan controvertida pueda construirse un proyecto para el conjunto del país cuando ni siquiera las organizaciones hacia las que el Gobierno intenta dirigir un mensaje de concordia -el independentismo que reivindica el 1-O- se muestran tan receptivas a su propósito al tachar de «propagandista», «partidista» y de «farsa» la conferencia de ayer.
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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, declaró que los indultos son un primer paso, pero «parcial e incompleto», y reclamó la amnistía y la autodeterminación. Sánchez también los presentó como un primer paso, pero no precisó cuáles son los siguientes que tiene en mente. Por su parte, el activista de Arran que le interrumpió dijo que «no hay solución intermedia en un conflicto entre independencia o sumisión». Términos que resuenan también en las palabras de los secesionistas de ERC, con Oriol Junqueras presentando la medida de la que se beneficiará como muestra de la debilidad del Estado, y en la resistencia que manifiestan a proponer salidas que se ciñan a las previsiones constitucionales y estatutarias.
Sánchez habló de unidad, reconciliación y concordia sin descender de las emociones a la política. Ese es el terreno natural del independentismo, que se niega a convertir en política -es decir, en acuerdos y renuncias- la quimera de sus objetivos últimos porque no quiere admitir su minoría social. La exageración de Pablo Casado al acusar a Sánchez de dar «un golpe de gracia a la legalidad» para un «cambio de régimen» en poco ayuda a racionalizar la discusión política y jurídica de los indultos.
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