La delegada del Gobierno en Asturias ha expresado su deseo de que haya sanciones ejemplarizantes en el caso de los contagios por covid-19 relacionados ... con el Sporting. En la misma línea se han manifestado el presidente del Gobierno asturiano y la alcaldesa de Gijón. Sorprende y causa perplejidad la naturalidad generalizada con que han sido acogidas esas ansias, expresadas con notoria publicidad, de corregir con severidad la conducta de quienes hayan estado implicados en los hechos merecedores de reproche. La sorpresa viene dada por el hecho de que no se conocen antecedentes de que tan altas autoridades hayan planteado reclamación justiciera alguna con semejante expresividad desde el advenimiento de la pandemia hace ya casi un año. Sentado que en este ámbito de la vida ciudadana, como en todos, las infracciones cometidas deben ser sancionadas como proceda, según las normas vigentes, igual un ingeniero de caminos que un peón caminero, no está de más subrayar que sería absurdo considerar una circunstancia agravante que los hechos hayan estado vinculados al Sporting. Visto el asunto desde fuera, da la impresión, sin embargo, de que las cosas van por ahí. No rectificar constituiría un grave error, porque los jugadores y los consejeros -antes directivos- pasan, pero el Sporting sigue. Una equivocación en esta elemental distinción sin duda ocuparía un sitio destacado en la memoria colectiva de la villa.
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El inventario de perplejidades derivadas de este caso no se agota, sin embargo, en las reivindicaciones sancionadoras planteadas por la autoridad. Para llegar a satisfacer sus pretensiones ha sido necesaria una investigación policial, encargada a funcionarios de Oviedo con el fin de evitar posibles presiones o injerencias, se dijo, si la tarea se atribuyera a los policías de Gijón, cuya probidad queda así puesta en cuestión. Un despropósito, porque 28 kilómetros de distancia no pueden impedir hipotéticos y poco verosímiles intentos de influir en los investigadores. Tengo algún amigo -quién me lo iba a decir hace más de medio siglo- entre los policías que ejercen en Gijón y me constan su honradez, integridad moral y capacidad profesional. Tienen derecho a entender que se les ha hecho víctimas, a ellos y a sus compañeros, de un agravio absurdo y gratuito (y que no ha encontrado eco alguno de protesta, lo que no deja de ser también sorprendente).
Son episodios que usados para tomar el pulso social no invitan al optimismo. Como el dispendio de 3.630 euros llevado a cabo por Divertia, esa máquina municipal de perder dinero, para pagar a una revista de escasísima circulación, para diletantes, un reportaje sobre el Festival de Cine de Gijón. El producto resultante pone como chupa de dómine al director del certamen, lo cual revela que en la entidad pagadora hay un alarmante déficit de sentido común o que se ha optado por financiar intrigas internas con cargo al erario municipal. Y en la publicación beneficiada la desfachatez es sobresaliente, al ofrecer a sus escasos lectores como información un texto generosamente pagado -mucho más que el sueldo neto mensual de la inmensa mayoría de los funcionarios municipales- que debería haber aparecido identificado como publicidad. Está claro, no hay motivos para el optimismo.
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