Movilidad sin limitaciones
Asturias apuesta ahora por una retirada más audaz de las limitaciones que también exige un ejercicio de responsabilidad
El fin del estado de alarma no ha venido acompañado de una incidencia baja del virus, salvo en Murcia, Baleares, Galicia, Extremadura y Comunidad Valenciana. ... En Asturias estamos en un nivel de riesgo medio (alerta 2) según el mapa semafórico de sanidad. La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (IA 14) es de 111,7 casos. Justo la misma que había el pasado 25 de septiembre (111,5). En aquella época se valoraba que una incidencia así podía dar paso a confinamientos selectivos, aunque hay que recordar que entonces no se contaba todavía con vacunas. La negativa del presidente del Gobierno a prorrogar el estado de alarma, pese a la petición de varios presidentes autonómicos, sólo se puede entender desde la confianza en que el avance de la vacunación reduzca al mínimo la transmisión del virus. Es evidente que la tendencia es a la baja, el problema reside en si ya estamos ahora en condiciones de levantar las limitaciones a la movilidad o todavía convenía mantener durante unas semanas el periodo de excepcionalidad. A modo de comparación cabe recordar que cuando se inició la «nueva normalidad», 22 de junio del pasado año, la IA14 en España estaba en 11,8 casos, mientras que ahora se encuentra en 170. Para tomar medidas que limitan derechos individuales de forma generalizada las comunidades autónomas deben contar con el aval de los jueces, una vía indeseada y nunca antes explorada, que convierte, de facto, a los tribunales en responsables de las medidas que se aplican contra la pandemia. Las consultas realizadas por varios gobiernos autonómicos a los tribunales de justicia de sus territorios han dado un resultado contradictorio, ya que en unos casos validaron las medidas y en otros las rechazaron. Ninguno anunció que interpondría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Principado da por finalizado el cierre perimetral de la comunidad autónoma tras haber estado seis meses en vigor. Deja de haber toque de queda y las reuniones no tendrán ningún tipo de limitación por número de participantes. También pierden vigencia los cierres de los municipios, una medida que ha empleado, desde el otoño, el Gobierno asturiano cada vez que la incidencia acumulada en un concejo entraba en el nivel de riesgo extremo (4+). En la actualidad sólo Llanes está en el nivel de 4+, así que allí se mantienen cerrado el interior de los locales de hostelería o los gimnasios, dejando de tener validez el resto de las medidas especiales. Los locales de ocio nocturno seguirán, de momento, sin actividad en toda la región. El Principado ha optado por adaptarse a la situación creada con el fin del estado de alarma, sin tratar de recurrir a medidas que necesitaban el aval del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El presidente, Adrián Barbón, no renuncia a volver a implantar el toque de queda si repunta la pandemia, pero en principio cree que es compatible retirar las limitaciones a la movilidad y tener controlada la transmisión del virus con un ritmo intenso de vacunación que ya avanza en el rango de edad de los 50 a los 59 años. Es una apuesta liberalizadora audaz que no coincide con la de otros territorios que mantienen limitaciones en el derecho de reunión, no renuncian a cierres municipales y reivindican el toque de queda. La retirada de las limitaciones en Asturias exige, forzosamente, la máxima responsabilidad por parte de cada uno de nosotros.
La Administración autonómica recuperará desde mañana la atención presencial. Es un asunto de gran importancia, aunque en el debate sobre la pandemia haya quedado relegado. El trastorno que ha causado a los ciudadanos la interrupción de la atención presencial ha sido muy grande. Especial importancia en la sanidad, porque la relación personal no se sustituye por un teléfono sin causar grandes perjuicios. Los ciudadanos que sostienen con sus impuestos a toda la Administración pública han soportado ejemplarmente las restricciones impuestas; es necesario normalizar ya la atención presencial.
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