Soledad no deseada y derechos de la ciudadanía

La primera duda que me asalta es cuál es el papel tiene la Mesa para la Soledad No Deseada –que se constituyó y viene trabajando desde el anterior mandato– en la definición de las propuestas del futuro Plan Estratégico para las Personas Mayores de Gijón/Xixón, cuando un proyecto de este calado se difunde antes de darlo a conocer a las entidades y representantes de las áreas municipales que la constituyen.

Las siguientes dudas que me surgen tienen que ver con el fondo del proyecto. Es igual de injusto hacer recaer sobre las personas mayores que viven solas la solución habitacional de las personas vulnerables, como lo es delegar el cuidado y atención de los y las mayores en quienes están en situación de vulnerabilidad porque han de avanzar en un proceso de incorporación social que no se limita a disponer de una vivienda.

Desde que se hizo el anuncio, el concejal de Servicios Sociales no sólo ha tenido que reconocer que se trata de un proyecto que aún está 'verde' sino que además ha matizado que no se trataría de personas sintecho, sino de personas sin hogar por motivos económicos, que deberán pasar un examen psicológico y deberán tener un recorrido en Servicios Sociales, profundizando aún más en la estigmatización de las personas en situación de vulnerabilidad.

En cuanto a las personas mayores, tendrán que ser autónomas, dado que se trata de un proyecto que lo que facilita es la compañía, no la atención y cuidados, una cuestión evidente ya que lo contrario supondría una vulneración de la legislación laboral que, en ningún caso, se puede impulsar desde ninguna administración.

No dudamos que desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se pueden poner en marcha programas dirigidos a promover la convivencia de personas mayores con otras personas, sin etiquetas, favoreciendo una convivencia exitosa que debe basarse, entre otras cosas, en la afinidad y la voluntad y no en la necesidad.

Las ocurrencias pueden encajar en un monólogo que pretende ser gracioso, no en la gestión de las políticas sociales que deben garantizar el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.