¿Qué Navidad nos espera?

Pero no cabe duda de que una campaña de vacunación disuasoria es un elemento relevante para generar desde los poderes públicos la defensa más sólida contra el covid. Hay que acoger con todo interés la nueva fase de vacunación, ahora a los menores entre 5 y 11 años. Cabe confiar en que por parte de los padres no surjan movimientos contrarios, dentro de ese incipiente negacionismo que, afortunadamente, en España ha tenido hasta ahora escasa incidencia, aunque brotó en algunas movilizaciones el pasado sábado. Es un paso necesario para completar la prevención, no determinante para los nuevos contagios, pero que los limita y reduce su gravedad.

Pero además de esa acción inminente, urge atacar las franjas de no vacunados aún existentes en el país. Debemos aprender del problema planteado en otros países de la UE, donde el negacionismo hace estragos, hasta el punto de que algunas autoridades nacionales se encaminan hacia la vacunación obligatoria, algo poco deseable en términos de persecución legal, pero quizás inevitable en situaciones graves.

No parece que en España vaya a ser ni siquiera necesaria esa composición de lugar, ya que la franja de no vacunados es pequeña, pero es admisible que países como Alemania no la descarten por la situación extrema que padecen. No obstante, se comenta con cierta beligerancia que en nuestro estado de derecho no sería practicable la vacunación obligatoria. No coincido con esa afirmación categórica. Ya he señalado que no sería nada agradable, pero no entiendo por qué hay que limitar la capacidad preventiva si las circunstancias objetivas lo indicaran con claridad. La justicia debe velar por la coherencia de los procedimientos legales, pero es la autoridad sanitaria quien debe fijar el contenido de las normas específicas relativas a la salud pública.

Pero como siempre es preferible prevenir que curar, hagamos un esfuerzo cívico para actuar con responsabilidad frente a esta epidemia persistente. Por ello, concienciar sobre una actitud general de prudencia colectiva es la primera opción para los gobernantes, y también para toda instancia con capacidad de penetrar en la opinión pública, a fin de que no bajemos la guardia, no nos dejemos llevar por un exceso de confianza y cumplamos todas las normas vigentes con rigor y respeto máximo.

Esta previsión no es baladí en el momento actual. Nos acercamos de nuevo a una Navidad complicada y, aunque esto no es fácil de administrar, tenemos que adquirir la convicción de que es imprescindible. Por tanto, necesitamos planificar una Navidad seria y sobria, no exenta de alegría, pero atenta a las medidas de protección, a fin de poder celebrar las fiestas con disfrute compartido y con sentido común a la vez.

En medio de estas vísperas, el 12 de diciembre tuvo lugar en Madrid y otras capitales una manifestación denominada ¡salvemos la atención primaria!, destinada a la defensa de ese nivel de atención, como puntal básico del sistema de salud y que tanto está sufriendo los efectos estructurales, económicos y sanitarios de la pandemia.

Es totalmente incoherente, después de la dura experiencia vivida, no reforzar como prioridad absoluta ese pilar de la atención sanitaria con todos los medios necesarios. Por eso la protesta es justa y urgente. Todas las administraciones stán obligadas a cooperar en este objetivo y nadie puede eludir una responsabilidad tan acuciante.

Si algo de luz nos ha dejado esta crisis sanitaria y económica es que una sanidad pública solvente es la garantía más valorada y demandada por la ciudadanía. Por consiguiente, hay que mantener la presión precisa para que ese principio no decaiga, por mucho que mejorase la situación, lo cual, además, está por ver.

Y, por supuesto, eliminar al personal sanitario contratado para el Covid, como ya está ocurriendo, es una temeridad imperdonable, que alguien tiene que parar.

Por último, hay que señalar que los tribunales superiores de justicia de las CC AA no deben jugar con fuego respecto a la salud. Es inaceptable que ante medidas sanitarias de urgente aplicación, algunos, por el prurito de decir la última palabra en todo lo que se mueve, nieguen validez a acciones de protección de la salud inevitables.

Menos mal que esta vez el Tribunal Supremo ha sido más sensato y ha frenado esa deriva inexplicable, como la del TSJ del País Vasco, ya reincidente en ello, que afortunadamente ha decaído y ha dejado de contagiar a otros aventureros, que han tenido que desistir de su guerra de guerrillas contra sus respectivos gobiernos. ¡Qué gesta tan poco edificante para nuestra ciudadanía democrática!