La Justicia frente al despotismo

El presidente, con esa tendencia suya a confundir la Casa Blanca con su torre de negocios, se propuso imponer aranceles al acero, al aluminio y a cuanto producto extranjero le pareciera sospechoso. ¿El argumento? Seguridad nacional. ¿La realidad? Una cruzada comercial envuelta en bandera. Pero la ley, que no come de halagos ni se arredra ante discursos vociferantes, ha dictaminado que tal poder no le pertenece al presidente sin la venia del Congreso.

Lo notable del asunto –y aquí Jovellanos habría asentido con esa seriedad ilustrada suya– es que no se trata solo de comercio, sino de salud institucional. Lo que está en juego es si un gobernante puede saltarse los contrapesos con el pretexto de que la ocasión lo exige. Y, afortunadamente, la respuesta ha sido un no claro, firme, casi quevedesco: «No se manda más por hablar más alto».

La sentencia devuelve oxígeno a un sistema que a veces parece aguantar la respiración ante la presión del ruido. Y recuerda, como en los buenos tiempos del juicio y la pluma, que el poder se mide no por su fuerza, sino por sus límites. Y que gobernar bien, en democracia, es obedecer primero.