El pacto de la pinza

Lo curioso es que cuantas más noticias se acumulaban sobre la trayectoria de los candidatos, más se redoblaban los llamamientos de los portavoces del pacto a mantenerlo vivo «por responsabilidad».

Sobre los peligros de la transformación de nuestro régimen democrático en un verdadero Estado de partidos ya advertía en el año 1986, Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional. Previniendo frente a esa forma oligárquica de gobierno en la que unos pocos partidos políticos acumulan el poder en detrimento de la libertad, la calidad democrática y la representación. Todas esas advertencias y las que han venido después han resultado inútiles. Hoy los partidos ocupan prácticamente todos los resortes del Estado y han sustituido el interés de las instituciones democráticas por el suyo propio. Tal pareciera que ya no son representantes de la sociedad dedicados a defender los intereses de sus electores, sino instituciones autónomas que protegen ante todo sus propios intereses.

Un ejemplo clarísimo es lo que ha sucedido en esta renovación. Las amplias mayorías de consenso, configuradas en nuestra Constitución como una garantía de que en la selección de sus miembros se busquen los mejores perfiles, por su reconocido prestigio profesional, su independencia de criterio y su ejemplaridad, han sido sustituidas por cuotas de reparto al modo de la 'lottizzazione italiana'.

Un cómodo sistema por el que yo me ocupo de rellenar mi cuota, tu de la tuya y sumamos los votos para alcanzar la mayoría necesaria, sin que a ninguno de los dos nos importen, ni nos responsabilicemos de los nombres propuestos por las otras partes. Como alguno de los portavoces han repetido hasta la saciedad: «Lo importante era renovar los órganos y lo de menos los nombres propuestos». Una suerte de democracia puramente formal, convertida en un cascarón vacío de principios y valores. Asusta la rapidez con la que algunos adalides de la nueva política se han convertido a las viejas artimañas de la más rancia partitocracia.

Pero si un caso resulta especialmente sangrante es el del Tribunal Constitucional; y es que, como advertía esta misma semana su expresidente, el catedrático Pedro Cruz Villalón, con la ruptura de las convenciones y usos que durante cuarenta años se han seguido en su renovación, «tendremos un Tribunal Constitucional situado ante un riesgo cierto de caer en la irrelevancia. Con la composición que se vislumbra en el horizonte un tribunal así va a tener difícil encontrar el reconocimiento que ineludiblemente necesita una jurisdicción constitucional».

Una advertencia de este tipo no puede caer en saco roto. Máxime en la semana en la que el Constitucional ha hecho pública su sentencia contra la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma, que sumada a la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma supone uno de los mayores varapalos que ha recibido gestión política alguna en estos cuarenta años. Y todo ello sin que haya supuesto consecuencia política de ningún tipo ¡Ay, los tiempos de Corcuera y la patada en la puerta!

La irrelevancia, pérdida de independencia y consecuente deslegitimación de la jurisdicción constitucional es quizá la forma mas sutil de deslegitimación de nuestro modelo constitucional. Más grave aún si cabe en la difícil coyuntura política y territorial que atravesamos, queda ya como gravísima irresponsabilidad en el haber de los que se proclaman sus máximos defensores.

Como contrapunto, para entender por qué el fracaso de los sistemas políticos más que en modelos normativos descansa en la credibilidad y fortaleza de sus instituciones y en la cualidad y comportamiento de sus élites políticas, resulta muy recomendable revisitar el documental 'Un Tribunal para la Constitución', auténtica joya de los profesores Daniel Sarmiento y Miguel Beltrán, donde relatan el proceso de configuración del primer Tribunal Constitucional, en el año 1980, con testimonios de sus protagonistas.

También surgió de un gran pacto, liderado entonces por UCD y PSOE, pero la metodología elegida, plenamente respetuosa con los valores constitucionales, y sobre todo, la altura de miras de los que condujeron el proceso, fueron completamente diferentes. Dando como resultado el mejor Tribunal Constitucional que hemos tenido. Nadie de los que entonces apoyaron aquella elección necesitó taparse la nariz. Quizá sea el tiempo de que nos quitemos la venda de los ojos para que no tengamos una democracia con tan malos olores.