Universidad gratuita

Estudiantes y responsables universitarios aplauden la medida: aquellos, por el ahorro que supondrá a sus bolsillos; estos, porque creen que competirán así mejor con las privadas. Sin embargo, abundan más quienes consideran que la medida es un dislate y un despilfarro, por cuanto supondrá un mayor gasto público y un 'efecto llamada' de estudiantes de otras provincias que limitarán a los autóctonos la posibilidad de acceder a la de su comunidad.

Me parece, sin embargo, que las cosas no son tan simples y que, en todo caso, los tiros van en la dirección de la gratuidad en toda España. En países como Alemania, Finlandia o Austria, entre otros, la universidad pública ya es por ley gratuita, como la enseñanza primaria o secundaria: solo cobran tasas y se financian a través de los impuestos; y los ciudadanos aceptan esa carga a sabiendas de que quienes se gradúen van a trabajar en mejores puestos que implicarán un reembolso de la inversión a través de mayores impuestos a lo largo de la vida. Además, gracias a la calidad que exhiben, algunas de esas universidades atraen a muchos estudiantes de países como los EE UU, donde el coste de la universidad, también la pública, es tan alto que compensa con creces pasar tres o cuatro años en el extranjero con todo lo que ello implica: crecimiento personal, conocimiento de otro idioma, inmersión cultural, contactos, etc. Eso da prestigio a universidades, estudiantes y al país en general.

También en España hay comunidades donde ya no se cobra matrícula universitaria a los alumnos. Así ocurre en Andalucía o Extremadura: en ellas, como en Austria, solo se paga lo que no se aprueba en primera matrícula, con lo que, de paso, se premia a quienes rinden más académicamente. Un sistema así es el que parece que se quiere implantar en Asturias, donde el coste de financiar las primeras matrículas de los nuevos alumnos no sería demasiado alto, puesto que su universidad pública ya cuenta con unos de los precios más bajos del país. Por supuesto, el amplio sistema de becas estatales seguiría vigente, con lo que la administración se ahorraría por esa vía un porcentaje de la factura.

Yendo ahora al pretendido «efecto llamada» de la gratuidad, quizá no sea para tanto. De hecho, ese efecto ya existe en ciertas facultades que atraen a alumnos de todas las autonomías por el prestigio que genera su calidad. Esto ocurre gracias a la implantación del llamado «distrito único» que funciona desde hace varios años en España y consiste en que cualquier estudiante de cualquier parte pueda matricularse y formarse en la universidad que desee. Los alumnos que quieren cursar estudios en las facultades más demandadas compiten con los locales por una plaza a la que unos y otros solo acceden si entran en el «numerus clausus» que se suele imponer y que deja fuera a muchos aspirantes. Parte del negocio de las universidades privadas reside precisamente en estos estudiantes que se quedan fuera de los estudios deseados: ofrecen algo equivalente y su alto coste lo compensan, entre otros alicientes, con la baza de la cercanía a casa, a sabiendas de que las becas públicas para estudiar fuera son escasas.

La propuesta del Principado es oportunista y demagógica, no lo dudo: se ha hecho justo cuando se anuncian las primeras universidades privadas. Pero no carece de interés ni de sentido: al igual que la sanidad y la educación infantil, primaria y secundaria son gratuitas y se financian a través de los impuestos, así también la educación superior puede o debe ser gratuita.

De otro modo, se podría ayudar a la universidad pública y a sus estudiantes aumentando el «numerus clausus» de esas facultades más demandadas, con el consiguiente aumento de la inversión en recursos humanos y materiales, a fin de atender a más estudiantes igual que a los actuales. También podrían ofrecerse becas autonómicas de verdad, bien dotadas, a quienes tuvieran que irse a otra universidad pública… Pero, claro, todo eso no es tan vistoso como la gratuidad.