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Con estas siglas se conoce una de las medidas estrella de los distintos gobiernos de Pedro Sánchez. El aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ... su gestión alcanza el 61%, lo que ha sido considerado por Yolanda Díaz, su promotora, un hito histórico, como todo lo que consigue. Su beneficio para los destinatarios directos de la iniciativa no puede ser más evidente. Nadie se situaría ciegamente contrario al mayor bienestar de los trabajadores más vulnerables. Con todo, subida del sueldo y del poder adquisitivo no siempre coinciden.
Esta idea plantea, sin embargo, algunas incertidumbres que no han dejado de manifestarse casi al mismo tiempo de aprobarse la última subida. Tuvo algunos preliminares no precisamente alentadores cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, planteó ciertos reparos. Inmediatamente fue denigrado ad hominem por la vicepresidenta, que llegó a tacharle por ello de mala persona. Los obstáculos expuestos tienen que ver con que no solo el SMI se reduce a su mero ámbito laboral, sino que opera como índice de valor con notorio impacto en otros aspectos de la macroeconomía.
A un choque tan llamativo se sucedieron otros. Frente a las resistencias advirtió la ministra de Trabajo que nunca una medida impulsada por el dialogo social se ha modificado nada durante su trámite parlamentario. Aparte de ser falso, el discurso confunde agentes sociales con sindicatos, pues que no se produjo en esta ocasión acuerdo de los empleadores.
Otra polémica, ya en rueda de prensa y ahora contra la ministra de Hacienda y hasta con la portavoz del Ejecutivo, envuelve a la tributación del aumento. Anteriormente se vino eliminando dicha carga, que ahora parece inevitable por el impacto en las cuentas públicas del progresivo incremento del mínimo exento del IRPF. Ocurre que ahora puede afectar a otro tipo de ingresos en detrimento del Erario.
Ahora bien, resulta casi evidente que, siendo sueldo mínimo, debería quedar libre, aunque tampoco se ajuste a la realidad de muchas pensiones, incluidas en la tributación. Díaz niega conocimiento previo del problema y asegura enterarse por la prensa, contra el parecer de sus colegas. «Eso no es así», escuchó de Alegría por lo bajines. Muestra su renuencia, que traduce con error por 'anuencia'.
El pánico que suscitan semejantes desplantes y verdades a medias se transforma en discursos oportunistas. El argumentario propone la clave, que repiten machaconamente: hay que hacer pedagogía fiscal. El gobierno impone a los empresarios el mínimo que pagan a sus trabajadores y acto seguido el mismo Estado grava dicho ingreso ya en el bolsillo de los laburantes. Negocio redondo, explicaciones aparte.
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