Salud y los fondos europeos
El esfuerzo para hacer frente a la urgencia sanitaria no puede aplazar las decisiones económicas
El pasado viernes, con 3.954 contagios, la pandemia en Asturias continuó marcando máximos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 ... habitantes superó los 3.300 infectados, dando cuenta de una transmisión comunitaria del virus mucho más intensa de lo que se había conocido en las cinco olas precedentes. Aunque la cepa ómicron sea menos agresiva, la cifra de afectados es tan alta que deja un saldo preocupante de 406 enfermos hospitalizados -350 en planta y 56 en UCI-, pese a las altas tasas de vacunación registradas, con el 86,1% de la población con pauta completa y la tercera dosis recibida por el 82,7% de los mayores de cuarenta años. Ante esta situación, el consejero de Salud, Pablo Fernández, declaró que no se daban las condiciones para retirar algunas de las medidas adoptadas en las Navidades, como la obligación de presentar el pasaporte covid para acceder a los locales cerrados, limitación de aforo y horarios en la hostelería y el cierre del ocio nocturno. El consejero salió al paso de las propuestas de 'gripalizar' el coronavirus, que resultan extemporáneas cuando la sexta ola no ha alcanzado el máximo y los contagios se extienden por doquier. Bien es cierto que del Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos trabajan en un sistema de vigilancia que no implique hacer seguimientos de cada contagio, para poder destinar recursos sanitarios al resto de demandas de salud de la población. Un panorama que ojalá esté cercano en el tiempo, pero que de momento es absurdo abordar, ya que el Ministerio de Sanidad prevé un nuevo pico de contagios para el 18 de enero y un máximo de hospitalizaciones el último día del mes.
La pandemia impacta en la vida laboral, con 9.900 trabajadores de baja en lo que va de año y un 40% de la actividad en los centros de salud dedicada a tramitar bajas. La interferencia del virus y de las políticas de defensa frente a él ha incidido en la economía desde hace dos años. Para contrarrestar el efecto negativo están los fondos Next Generation que han empezado a llegar a las regiones y las entregas extraordinarias realizadas por el Gobierno central que han tenido un efecto tan visible como provocar superávit en las cuentas del conjunto de las comunidades autónomas. El primer superávit fiscal de la serie histórica, iniciada hace veintiséis años. Ambos instrumentos, los fondos europeos y el superávit fiscal, sumados a un previsible aumento de la recaudación tributaria ha permitido la expansión presupuestaria. Ahora toca pasar del papel a los hechos. Tiene prioridad el apoyo a los sectores dañados por la pandemia, como son la hostelería y el ocio. Las ayudas deben agilizarse para que ningún negocio se cierre por la tardanza en la llegada de recursos.
La gran cuestión del relanzamiento de la economía estriba en el aprovechamiento de los fondos europeos. Lamentablemente ha surgido una polémica por el sesgo político en la territorialización de los recursos. Es difícil tener un juicio nítido sobre la controversia, pero es posible que se solapen motivos contrapuestos: la opacidad en los procedimientos empleados con el inevitable influjo de una convocatoria electoral cercana. En cualquier caso, el problema de Asturias sigue siendo la aplicación de los fondos en proyectos concretos. Ya hay dinero para desarrollar tareas como la digitalización de la Administración. También hay importantes proyectos energéticos e industriales. Todo lo anterior no basta para dejarnos satisfechos. Falta por ver si la totalidad de los fondos se destina a crear valor añadido y mejorar la productividad del sistema económico, auténtica clave de la futura prosperidad, o si se pierden recursos en financiar actividades que corresponden a los presupuestos ordinarios de las Administraciones públicas. Para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 sobre industria, tecnología, innovación, infraestructuras o fomento de las pymes se necesita diseñar muy bien los objetivos a financiar por los fondos europeos y ejecutarlos antes de 2026.
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