Gijón, en una galaxia perdida

Lo ocurrido con las incidencias sobre la cesión de la superficie para construir el paseo marítimo por la zona de borde de los terrenos de Naval Gijón (adquiridos por el Ayuntamiento de Gijón a la Autoridad Portuaria) es otro preocupante ejemplo. La situación representa un nuevo reflejo del castigo que, si no se remedia pronto, vamos a padecer los gijoneses, quienes nos veremos privados de la nueva e interesante senda marítima por culpa, una vez más, de la falta de entendimiento político.

En referencia al enorme follón originado por el desencuentro institucional entre el Ayuntamiento y el órgano rector de El Musel, es necesario hacer otra reflexión. Resulta imprescindible reivindicar cuál debe ser la verdadera prioridad de la idea que se quiere ejecutar sobre los suelos de Naval Gijón. Más aún, teniendo en cuenta que el Consistorio ya desembolsó 4.700.000 € por esos terrenos. Creo, sin temor a equivocarme, que la preferencia de los gijoneses no es simplemente ver ejecutada la senda marítima pretendida. Esa obra está muy bien, pero ni siquiera es lo esencial; lo que realmente se quiere en ese espacio, actualmente degradado y de grandes dimensiones, es verlo convertido en un nuevo polo de desarrollo. Un espacio abierto a la economía azul, verde o colorada sin perder de vista que ha de ser un lugar que permita también el intercambio de todo tipo de sinergias con El Musel y la futura ZALIA. En definitiva, una turbina de urgente generación de riqueza y empleo, que a todas luces requiere la zona oeste de Gijón y, de manera especial, los barrios de La Calzada y El Natahoyo.

No puede ser admisible una lucha fratricida entre las dos instituciones a costa de quien ejecuta el paseo para colgarse presuntamente una medalla política. Gijón necesita del Puerto, como el Puerto de Gijón. No es menos cierto que, en torno a esta ceremonia de la confusión y a lo actuado hasta ahora, persisten algunas dudas. Así lo ha venido informando EL COMERCIO.

Existen varias incógnitas que se hace necesario despejar para dar así respuesta al mínimo principio de transparencia exigible a ambos organismos. Con ello conseguiremos, al menos, conformarnos una opinión certera de lo que realmente pasa. Me explico: al ser un asunto con diferentes vertientes jurídicas —actualmente encontradas—, lo más razonable sería que se produjera un pronunciamiento por parte de los servicios jurídicos del Puerto y más en concreto de la Abogacía del Estado, a quien se presume independiente. De esta forma, y tras la conclusión de lo que dictamine, podremos saber lo siguiente: si lo pactado en escritura pública entre la alcaldesa de Gijón y Laureano Lourido respecto a esa franja de suelo –cuya cesión se encuentra en cuestión va a misa o, por el contrario, es una competencia que todavía conserva la Autoridad Portuaria, para nada vinculada jurídicamente al contrato de compraventa de los suelos ya formalizada.

Sin este marco jurídico, no hay nadie que se pueda aclarar ante barullo semejante. Por otro lado, resulta difícil de entender que doña Nieves Roqueñí —quien no parece una insensata— haya enviado a la alcaldesa el borrador de un futurible convenio sin haber consensuado su contenido. Si lo hubiera hecho al margen del acuerdo, sería, además de una temeridad, una falta de consideración hacia la alcaldesa y, por ende, a Gijón, lo que legitimaría a doña Carmen Moriyón a elevar la más enérgica protesta contra Nieves Roqueñí con todos los medios jurídicos a su alcance. Visto lo visto, si la sensatez política no lo remedia, la cosa terminará a buen seguro, en un incomprensible proceso interdictal entre ambas instituciones. De judicializarse el asunto, quedaría asegurado el parón de toda la actuación urbanística.

Desde hace un tiempo a esta parte, llevo denunciando que los principales proyectos de ciudad se enmarañan a consecuencia de quedar todos atrapados en los laberintos de la política. No fracasan por imposibles, sino por no hacer prevalecer los criterios técnicos y jurídicos que serían las linternas para tratar de encontrar un mínimo punto de luz a los temas de Gijón y sacarlos adelante. Ocurre con el vial de Jove y con el proyecto de la integración ferroviaria de la ciudad. Como conclusión de esta caótica situación, y antes de que sea demasiado tarde, parece que se imponen como herramientas seguras las del diálogo y el consenso; ningún proyecto urbanístico de la etapa democrática ha salido adelante sin el acuerdo de los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón.

Concluyendo, tanto la alcaldesa como la presidenta de la Autoridad Portuaria se han de emplear a conciencia debiendo de apartar las imposiciones de un lado y de otro, y, con mayor causa, la vía judicial. Quizás lo más inteligente sería recurrir a una competencia compartida a través de un proyecto conjunto entre ambas partes y mostrárselo a los ciudadanos. Seguro que esta actitud sería aplaudida por miles de gijoneses quienes para este caso las urnas seguramente se las traerá al pairo.