El pleno institucional de la Junta General del Principado con motivo del Día de Asturias dará inicio esta semana al curso político 2021-2022. La ... superación de la pandemia y la reactivación económica serán los dos grandes referentes de la agenda política. Junto a cuestiones pendientes de industria, infraestructuras y fondos europeos, el Principado pretende abordar, con inmediatez, tres procesos de negociación. La concertación social será tratada con prioridad para poder incorporar sus principales contenidos al proyecto de presupuestos regionales del próximo año y dejar reflejadas sus propuestas en los proyectos o reformas que se financien con los fondos europeos. En Asturias hay una gran tradición de entendimiento del Principado con los agentes económicos y sociales (nueve acuerdos). A los cinco meses de extenderse por Asturias la pandemia se firmó un pacto, respaldado por 640 millones de euros, que tenía 182 medidas relacionadas con la sanidad, industria, educación, servicios sociales, empleo, reactivación empresarial e igualdad. Toca revisar su cumplimiento y renovar el pacto antes de acabar el año.
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La aprobación de los presupuestos del Principado es el gran objetivo del último cuatrimestre del año. Obtener el plácet del Parlamento a los proyectos presupuestarios constituye un síntoma de normalidad y estabilidad institucional. En este caso estamos ante una necesidad ineludible porque hay que confeccionar un proyecto expansivo que contribuya con la llegada de fondos europeos a reactivar la economía. Frustrar esa posibilidad y conformarse con una prórroga presupuestaria sería un error mayúsculo. Ahora bien, para lograr una mayoría parlamentaria hay que negociar e incorporar propuestas de la oposición. Ninguna de las partes debe enrocarse en sus planteamientos iniciales. El presidente, Adrián Barbón, ha adelantado dos premisas para la negociación: rechazo a los vetos (Vox sería la excepción por diferencias de principio sobre el modelo autonómico) y apuesta por alianzas transversales que están en línea con la experiencia vivida en los dos últimos presupuestos, al contar con el apoyo de partidos de distinto signo ideológico. De las intervenciones parlamentarias y declaraciones de los portavoces se deduce que las ayudas directas para fines sociales estarán muy presentes en la negociación. El declive demográfico ha dado paso a propuestas novedosas de apoyo directo a la natalidad, con fórmulas como el cheque bebé, que han sido bien recibidas por el Gobierno. Los grupos a la izquierda del PSOE siguen en la tesis de abordar la baja natalidad haciendo gratuito el acceso a la red de guarderías de cero a tres años. Las listas de espera en sanidad y dependencia también estarán en la negociación. La tributación, un clásico en el debate de los presupuestos, se abordará con opciones muy divergentes, dado que hay partidos que ponen como condición obligada para negociar que baje la presión fiscal y otros piden una reforma fiscal para aumentar la recaudación.
El Gobierno quiere abordar una reforma del Estatuto de Autonomía, de carácter puntual, en el presente año, cuando se cumple el cuarenta aniversario de la aprobación del Estatuto. Aunque no ha dicho oficialmente qué cuestiones pretende modificar o qué asuntos quiere introducir en la reforma estatutaria, las repetidas referencias parlamentarias a la cooficialidad de la Llingua no dejan lugar a dudas sobre una de las novedades esenciales. Cualquier Ley Orgánica es susceptible de modificación. Los estatutos de autonomía no se escapan a esa consideración, si bien, por ser las normas fundamentales a escala autonómica y formar parte del llamado, «bloque de constitucionalidad», es más que deseable que se lleven a cabo los cambios por un amplio consenso. Así fue aprobado el Estatuto de Autonomía de Asturias, y con el apoyo de los principales grupos se realizaron las tres reformas (años de 1991, 1994 y 1999). Ese espíritu debe imperar en la reforma que se quiere acometer.
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