El PP amplía el plazo para alegar contra la resolución del contrato de 'los palacios'

El Ayuntamiento tardó casi cuatro meses en enseñar su mano en la partida que juega, a cuenta de la liquidación del contrato con Jovellanos XXI, para evitar el pago de un rescate multimillonario por la concesión del Palacio de Congresos. Inició el procedimiento a principios de enero, y no fue hasta el día 29 del mes pasado cuando notificó a la otra parte -ya no la empresa de las familias Cosmen y Lago, en liquidación, sino a sus administradores judiciales y acreedores- sus números. Según la liquidación formulada por los técnicos municipales y aprobada por la junta de gobierno, la ciudad entregó en 2005 «beneficios inmobiliarios» a la empresa por más de 150 millones de euros, que una vez descontado el coste del edificio de Calatrava, dejan un saldo a favor del municipio de 95 millones de euros.

El administrador concursal, Lexaudit, ya había anunciado que recurriría la liquidación del denominado contrato de 'los palacios', aún cuando el alcalde hablaba de que el asunto estaba «equilibrado». Sin embargo, el Ayuntamiento solo concedió diez días naturales -y por el medio hay puente en Madrid, donde está la sede de Lexaudit y domicilio social de Jovellanos XXI- para formular alegaciones, que deberán resolverse antes de que la resolución sea firme. De ahí que tanto la consultora como el Banco Santander solicitasen una ampliación del plazo. Tendrán cinco días más, hasta este viernes.

Las dos partes tenían sus razones. Lexaudit solicitaba más tiempo dado «el volumen y complejidad de los informes adjuntos» a la resolución, los informes de los técnicos municipales y las valoraciones previas encargadas a dos consultoras externas. Añadía que la coincidencia de varias festividades, dificultaba «las gestiones necesarias con expertos y demás personal relacionado con el fondo de la cuestión». También el Banco Santander consideraba «manifiestamente exiguo» el plazo de alegaciones y solicitaba, al igual, su ampliación.

No es probable, sin embargo, que las alegaciones prosperen y que el Ayuntamiento acepte sus argumentos, porque se expondría a pagar por el rescate de la concesión del Palacio de Congresos hasta 45 millones de euros. La cuestión es económica, ni los administradores, ni el Banco de Santander recurrieron judicialmente la resolución del contrato iniciada en septiembre del año pasado. El conflicto está en los números: en la liquidación. La formulada por el Ayuntamiento -un saldo favorable a las cuentas municipales de 95,3 millones de euros- choca con la pretensión del Banco de Santander de recuperar, al menos, parte de la hipoteca sobre la concesión que otorgó a Jovellanos XXI su entonces filial Banesto.

El Ayuntamiento reclama esa cantidad, que sabe incobrable, porque en la liquidación de Jovellanos XXI cobrarían antes los acreedores que tienen créditos con «privilegio especial», que son aquellos que están «garantizados» por el bien hipotecado, pignorado o prenda del préstamo. La concesión del Palacio de Congresos está hipotecada con el Banco Santander, antes Banesto, por 45 millones de euros. Además, en la empresa en la que escindió el negocio de El Vasco (Vasco XXI, también en concurso), la promoción está hipotecada con el Sabadell en 38 millones de euros.

Esos créditos están parados, primero por el concurso voluntario de acreedores solicitado por la empresa y luego por la resolución del contrato iniciada por el Ayuntamiento, días antes de que el juez decretase la liquidación de la empresa. La jurisprudencia dice que ante dos causas de anulación de un acuerdo prima el orden temporal. Por apenas unos días de septiembre del año pasado, el Ayuntamiento ganó la iniciativa, que no es lo mismo que ganar la partida.

Los administradores concursales y el Banco de Santander recurrieron el acuerdo municipal por oportunista. En su escrito, sin embargo, la entidad asumía una de las causas de resolución: que la hipoteca sobre la concesión, limitada a financiar las actuaciones en Buenavista, se usó para otros fines. El recurso no prosperó y ambas partes decidieron esperar el desarrollo de los trámites municipales para no dilatar los plazos y llegar a la hora de la verdad, a la liquidación del contrato, que Lexaudit ya ha anunciado que llevará ante los tribunales.

Contencioso

Será el Contencioso el que, al final, dirima si el Ayuntamiento tiene razón al sostener que, en la modificación de contrato de 2005, en la que la empresa aceptó derechos urbanísticos a cambio de renunciar a los 30 millones que debía aportar la administración a las obras, se generó un nuevo equilibrio económico del acuerdo, en el que la empresa habría salido ganando de forma indebida 95,3 millones de euros. O si, en realidad, es el Consistorio el que debe 45 millones por la concesión del palacio. No parece fácil la otra opción, «recuperar el suelo» hipotecado, por las mismas razones que el Ayuntamiento está siendo incapaz de revertir las fincas intercambiadas por la laguna de El Torollu: terceros perjudicados, hipotecas y sociedades en disolución.