Educación dice que contratará la obra del Ruiz-Tilve a Tragsa de «inmediato»

El director general de Planificación, ayer en Educación. /
El director general de Planificación, ayer en Educación.

La consejería mantiene que CAR «miente» y anuncia que exigirá responsabilidades económicas tras la recisión del contrato

CAROLINA GARCÍA OVIEDO.

Mientras la consejería de Educación y la empresa Construcciones Alfredo Rodríguez (CAR) continúan lanzándonse dardos para defender sus versiones -son complemente antagónicas- sobre cómo se hicieron las cosas en la contratación de las obras de ampliación del colegio Carmen Ruiz-Tilve, a la AMPA (Asociación de Madres y Padres), «harta de tonterías», solo le importa que la situación se resuelva cuanto antes y se ponga en marcha la construcción del edificio.

EL PROCESO

Pendiente de los tiempos administrativos para resolver el contrato con CAR, Educación adelanta ahora que mantiene conversaciones con la empresa Tragsa para que coja las riendas de la ampliación. Aún no existen plazos, ni puede adelantar un presupuesto pero, a falta de fechas, la intención de la consejería es que se resuelva de forma «inmediata» y puedan iniciar las obras cuanto antes, eso sí, no descarta que las acciones legales anunciadas por CAR retrasen aún más los plazos.

Si el jueves la adjudicataria -renunció al contrato el 30 de julio por irregularidades «financieras, técnicas y legales» en el proyecto- anunciaba su intención de demandar a la consejera Ana González, al director de Planificación y al responsable de la obra por prevaricación, falsedad e injurias y calumnias, ayer el Principado salió a la palestra para «demostrar con documentos que CAR miente» y comunicar que exigirán responsabilidades «económicas por los daños a la comunidad educativa».

El peso de defender la gestión de la administración recayó sobre el director general de Personal Docente y Planificación Educación, José Antonio Fernández Espina, que mantiene que la «única verdad» es que la empresa «ganó» el concurso y «firmó» el contrato por el que se comprometía a realizar una obra que «nunca llegó a iniciarse». Reconoce que la adjudicataria se encuentra en concurso de acreedores y «pretendía modificar el contrato para llevar a cabo una obra de peor calidad a mayor coste». Y considera «chocante» que la constructora les acuse de «falsedades y prevaricación», cuando «son ellos los que han incurrido en solicitar actuaciones» que son «ilegales». Según el director general, la consejería ha cumplido «escrupulosamente» todo el proceso de contratación y la prueba es que «ha pasado los filtros de Intervencción y del consejo de Gobierno».

La concejala de Educación, Belén Fernández Acevedo, decidió ayer entrar en el conflicto y exigir a la consejería «celeridad» y «transparencia» y cargar contra su gestión porque se asegura que se enteró de la «mala noticia» por los medios.

A las reacciones de PSOE e IU del jueves, se sumó ayer UPyD que «pedirá explicaciones en la Junta General del Principado» e insta a Educación «a solucionar estos problemas con la máxima celeridad posible» y exige responsabilidades ante la «nefasta gestión». Por su parte, el diputado de Foro en la Junta General, Manuel Peña, reclama la dimisión de la consejera de Educación.

meses era el plazo de ejecucuión que ofreció la empresa Construcciones Alfredo Rogríguez (CAR) para tener lista la ampliación del colegio. El Principado adjudicó los trabajos a finales de mayo por 2,48 millones de euros, 1,8 menos de lo presupuestado.