Educación desbloquea la contratación para ampliar el colegio Carmen Ruiz-Tilve

El Consejo de Gobierno desbloqueó ayer la construcción del aulario del Primaria del colegio público Carmen Ruiz-Tilve, paralizada desde el pasado verano por problemas con la anterior adjudicataria, Construcciones Alfredo Rodríguez, con quien ha resuelto finalmente el contrato. Da así un paso más en una obra para crear 18 aulas que parece maldita y que debería de haber finalizado en septiembre de 201, con el fin de atender la creciente demanda de La Corredoria y Prado de la Vega, con más de 20.000 vecinos.

Una vez resuelto este contrato -para lo que cuenta con un informe favorable del Consejo Consultivo del pasado 15 de enero-, el departamento de Ana González tiene la intención de adjudicarlo a la empresa pública Tragsa, si bien no ha aportado aún fecha de inicio. El plazo de ejecución ronda los 15 meses.

El tercer colegio de La Corredoria se estrenó (tras comenzar en el vecino Poeta Ángel González) en pleno curso, en febrero de 2011, con aulas de Infantil y la previsión de inaugurar una nueva fase de Primaria dos años después. Tras unos primeros retrasos, el Principado licitó la actuación en marzo de ese año por 4,3 millones de euros. El aluvión de empresas presentadas, 32, retrasó los trámites más de lo previsto.

Las familias, al ver que no avanzaban y que los alumnos de Primaria comenzaron el curso sin las aulas previstas (lo que les obligó a compartir espacios e impartir clases en el despacho de la directora o en el comedor, reinstalado en un barracón) se impacientaron y comenzaron las protestas. Celebraron varias manifestaciones, tanto en el barrio como frente a la Junta General. Reunieron 7.800 firmas.

González achacó entonces los problemas a la lentitud en la tramitación, que se extendió hasta mayo de 2014 y obligó ya por entonces a adoptar la medida de instalar más edificios prefabricados para este curso.

Desencuentro

Según recordó ayer el Ejecutivo socialista a través de una nota de prensa, Construcciones Alfredo Rodríguez firmó el acta de replanteo el 26 de junio, en la que se recogía «textualmente que el proyecto era viable» y se comprometió a iniciar los trabajos al día siguiente. La 'sorpresa' llegó dos semanas después, cuando responsables de la empresa (quien también anunció demandas contra el Principado) solicitaron la «renegociación» del contrato. «Entre sus pretensiones se encontraba que la Administración comprometiera de antemano el pago de 248.530 euros y el descenso de calidades en carpinterías externas y vidrios», entre otras cuestiones. A esto sumaba, añadieron las mismas fuentes, cambios en forjados lo que incrementaba la partida de 2014 en otros 150.000 euros.

«Dichas demandas supondrían una modificación sustancial del proyecto contratado, por lo que fueron rechazadas por la consejería, que exigió el comienzo inmediato de la ejecución de obra sin obtener una respuesta positiva por parte de la empresa», resumieron ayer desde el Gobierno. A partir de ahí decidió romper el contrato ante un «incumplimiento culpable».