Una contrata «sin justificación técnica»

La sentencia considera que la centralita es un servicio esencial para el funcionamiento del SEIS. /
La sentencia considera que la centralita es un servicio esencial para el funcionamiento del SEIS.

La empresa no aportaba «ni siquiera el papel», en un acuerdo por el que «proporcionaba mano de obra barata» para un servicio «esencial»

GONZALO DÍAZ-RUBÍN

El personal de la centralita de emergencias del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) «presta un servicio básico y esencial de la entidad local», el Ayuntamiento, «para la comunidad». Lo dice la magistrada María de los Ángeles Andrés, titular del Juzgado de lo Social Número 3 de los de Oviedo. También dice que lo hacía a través de una clara «cesión ilegal de trabajadores», en la que una empresa CEE Sertel, vinculada a la ONCE, se limitaba «a proporcionar mano de obra barata» al Ayuntamiento y nada más. «Ni siquiera el papel», resume la magistrada en la sentencia que acaba de reconocer su derecho a incorporarse a la plantilla municipal como personal laboral indefinido, «en iguales condiciones y con idénticos derechos que un trabajador de la entidad local destinado en puesto de trabajo similar». Lo de las condiciones no es baladí. Los trabajadores, algunos con 20 años de antigüedad, cobran según el convenio de los 'call centers' salarios por 39 horas semanales que no llegan a los 16.000 euros anuales, para la «coordinadora».

La sentencia destaca que ni el Ayuntamiento conocía a las teóricas supervisoras del contrato, que, de hecho, trabajaban en Madrid; que la empresa tampoco formaba al personal -lo hacían entre ellos mismos-, y que CEE Sertel les escribió varios correos para preguntarles cuáles eran sus funciones, qué medios y aplicaciones usaban, que tipo de llamadas atendían y qué protocolo seguían.

La jueza es especialmente crítica con una contrata para la que «no encuentra justificación técnica», pues «toda la infraestructura del servicio la aporta» la administración y en el que los trabajadores han hecho tareas al margen del contrato por indicación de mandos municipales. Entre ellas y de forma llamativa, «el control de accesos» al edificio de Seguridad Ciudadana.

La demanda, interpuesta con el respaldo de la CSI, se suma a la larga serie de pleitos que han acabado por 'llenar' la plantilla municipal de personal laboral indefinido no fijo. Una categoría que con la reciente y se supone que transitoria, si el Principado saca adelante el consorcio prometido, entrada del personal de las escuelas infantiles pasa de los 150 trabajadores, por apenas 650 funcionarios en activo. Su futuro no está claro. Algunos sindicatos proponen su funcionarización; otros que sus plazas salgan a oferta de empleo público. El descontrol con el personal de las subcontratas motivó un duro informe de Abogacía en el que responsabilizaba a los jefes de cada servicio del cumplimiento de una serie de normas para evitar su entrada por la puerta de atrás en el Ayuntamiento.

Firmas y acoso negado

Ninguna se cumplía en el caso del personal de Sertel. El equipo de gobierno incluyó el servicio y su personal en el pliego del polémico contrato de Modernización en un intento postrero de reconducir la situación. La empresa mantiene también el contrato de atención telefónica de la centralita municipal.

En noviembre, un grupo de 58 bomberos firmó un escrito dirigido al alcalde en el que pedía que mediase para poner fin al acoso que sufrían las trabajadoras de la centralita por parte de los jefes de Bomberos y Policía Local, que según el escrito, las responsabilizaban del mal funcionamiento de la centralita desde su traslado a las dependencias policiales. El Ayuntamiento abrió una investigación que concluyó que no existían tal acoso y que las relaciones con las trabajadores entraban dentro de la normalidad. Salvo en el orden jurídico laboral, claro.