Un desastre con todos los informes

«Todos los informes son positivos», dijo Jaime Reinares desde la presidencia del Pleno que en agosto de 2001 aprobó los pliegos, los segundos, para la construcción y explotación de dos conjuntos de edificaciones en Buenavista y El Vasco, lo que hoy conocemos como el contrato de 'los palacios', aunque solo haya uno. La Fiscalía opina que, tal vez, todos aquellos informes fuesen demasiado positivos, que los pliegos, en realidad, estaban hechos 'ad hoc'para una sola empresa la, a la postre adjudicataria, Jovellanos XXI. La denuncia del ministerio público por un posible delito de tráfico de influencias ha recaído en el saturado Juzgado de Instrucción Número 3, que dirige Begoña Fernández, que tendrá que repasar casi 15 años «de informes positivos». Ni un solo técnico municipal, del Principado o externo, se opuso a aspecto alguno del contrato, sus múltiples cambios o la deficiente ejecución de las obras. Nunca. Como en un reverso de Louis van Gaal, «siempre positivo».

La comisión de investigación sobre el 'contrato de los palacios' concluyó el año pasado que toda la operación fue un error perjudicial para el Ayuntamiento. También, que hubo «insuficiencias en los mecanismos de control». Casi complacencia. En aquel Pleno que aprobó los pliegos, en los que el Ayuntamiento se comprometía a aportar 30 millones de euros a las obras, Reinares leyó el aval de los técnicos del área económica. Pagar esa cantidad no supondría un problema porque había varias opciones: «Ahorro presupuestario, enajenación de bienes, venta de aprovechamientos o un préstamo», repasó el alcalde accidental. Justo las mismas vías que marca la legislación para financiar cualquier inversión y no una precisión sobre si los recursos municipales de entonces eran suficientes. No lo fueron. El Consistorio nunca pagó una euro (en metálico) y lo acabó pagando con otro modificado del contrato, en 2005. Este también, con todos los informes favorables.

Este último cambio del contrato fue clave. Tanto, que el año pasado, a la hora de liquidar el acuerdo con la empresa, el informe habla de un nuevo reequilibrio financiero de toda la operación. En julio de ese año, Jovellanos XXI solicitó la modificación amparándose en los impagos por parte del Ayuntamiento y los costes en honorarios de Santiago Calatrava por los sucesivos cambios de diseño en la parcela de El Vasco. En 27 días, la Junta de Gobierno lo aprobó todo. Cosas, incluso, que poco tenían que ver con una reclamación, en apariencia económica, como suprimir algunas cláusulas del pliego y la redacción de nuevos planes adaptados a las modificaciones. En lo material, la empresa recibió de aquélla la propiedad de los aparcamientos y la zona comercial en El Vasco. También, la de una parte, hasta entonces en concesión, en Buenavista para aparcamientos y usos comerciales. El Principado, de repente, levantó la moratoria de licencias de grandes superficies, y Jovellanos XXI pudo solicitar la de lo que ahora es Moodo, la segunda mayor galería comercial de Asturias, que dos años después vendería por 130 millones.

Todo los cambios se hicieron «con unas valoraciones injustificables, ínfimas y contradictorias» o «sin precio alguno», se regaló en el caso del trozo cedido bajo el entonces futuro Palacio de Congresos, según denunció el PSOE ante la Fiscalía. Valoraciones tan «irreales» que, a día de hoy, a la hora de liquidar el contrato con la empresa, el Ayuntamiento les calcula un valor que multiplica por diez el de alguna de aquellas tasaciones.

La denuncia apuntaba que los informes se hicieron a medida y que en esta cuestión tomaron parte los técnicos de Urbanismo, Fiscalización o Contratación. Según el escrito, estos se habrían plegado a «la total manipulación que se hizo políticamente para que los informes» de los funcionarios reflejaran cantidades desproporcionadamente bajas.

De fuera

Un año después de esa gran modificación, el Ayuntamiento decidió subastar sus derechos en la parcela de El Vasco. Esta vez los informes principales se encargaron fuera. Garrigues valoró estos activos en 5 millones de euros. Tomaba como referencia el precio pagado por el Principado por las oficinas de Buenavista (4.300 euros por metro cuadrado), pero les aplicaba sendos coeficientes del 0,75 por ubicación y de 0,95 por tipo de edificación. Puede parecer poco, cuestión de decimales, pero multiplicados hacen caer el precio de licitación de 15,3 millones de euros a 5. Jovellanos XXI, única licitadora, acabaría quedándoselo todo por 6.

En teoría, debía respetar las condiciones del contrato y el proyecto (por entonces un edificio de oficinas, el nuevo Ayuntamiento), pero meses más tarde, con todos los informes favorables, el Consistorio dio total libertad a la empresa.

Tanta como para plantear en 2008 tres rascacielos de 140 metros de altura. Esta vez, el informe también se pidió fuera. El abogado Raúl Bocanegra firmó un escrito en el que decía que «el objetivo último del contrato» era contar con edificios de Calatrava. El Ayuntamiento, tras una visita del arquitecto, la última antes de los líos judiciales, dijo de nuevo sí y Alberto Mortera, de aquélla concejal de Urbanismo, defendió a capa y espada el proyecto. Hasta que Gabino de Lorenzo reculó, tras unas protestas convocadas por IU.

Rotas ya las relaciones con el premio Príncipe valenciano. La socialista Paloma Sainz tuvo una idea, o eso dijo: concentrar todas las sedes judiciales en un edificio nuevo en El Vasco. El día anterior hubo una discreta reunión en Presidencia del Principado, entre Vicente Álvarez Areces y los empresarios. Todos se hicieron, sonrientes, una foto en el solar esa misma semana adelantando los primeros números.

La edificabilidad triplicaba la del proyecto original y aprovechaba parte de los sótanos excavados como aparcamiento. El Consejo de Gobierno aprobó un protocolo de intenciones futuras por el que los asturianos pagaría 190 millones de euros a los empresarios por el edificio en 10 años. EL COMERCIO informó entonces que todo el edificio costaría menos de la mitad, 80.

La UE no tragó

Pese a los informes jurídicos del Principado, todos favorables, la UE no tragó. Consideró «el protocolo de intenciones futuras», un contrato a dedo y tumbó el acuerdo.

En su denuncia, el PSOE pasó por alto estos últimos avatares por no manchar el nombre de sus compañeros, pero puso el acento en que después de todos estos cambios -de una inversión inicial de 126 millones de euros, se pasó a más de 300, según la empresa- el aval nunca se modificó. Solo en Buenavista se pasó de los 76 millones de euros de la adjudicación a los 93 del proyecto básico, para saltar a los 171 en la modificación de 2005 y terminar en la liquidación de 2011 en los 267 millones de euros. En ningún momento se actualizaron los avales del 4% iniciales. La garantía de 8 millones que acabaría por devolver como alcalde Agustín Iglesias Caunedo con todos los informes técnicos favorables, nunca se modificó. Prueben a hacer lo mismo con la reforma de su casa.