«Si en una semana me dan un piso, yo me voy. No quiero estar así»

Cuando Jonathan Álvarez llevó ayer por la mañana a sus tres hijos de tres, seis y siete años al colegio de Villafría, de Otero, no sabía dónde acabarían pasando la noche. Ayer se hacía efectiva una orden de desahucio, emitida por el juzgado el pasado 29 de diciembre, aunque finalmente los cuatro pudieron dormir en su hogar de la calle Purita de la Riva.

A las ocho y media de la mañana comenzaron a congregarse ante la vivienda representantes de la plataforma Stop Desahucios. El objetivo, apoyar a Jonathan y evitar que abandonara su vivienda. Con carteles y coreando el 'sí se puede' le arroparon durante el tiempo en que transcurrió la negociación con la empresa constructora del edificio en el que se encuentra la vivienda de Jonathan y sus tres hijos.

Técnicos judiciales, miembros de la citada plataforma y del Ayuntamiento (representado por Ana Taboada) alcanzaron a eso de las diez de la mañana un acuerdo con la procuradora de la empresa constructora: el desahucio quedó paralizado temporalmente. Jonathan recibió feliz la noticia, aunque sabe que su situación no puede alargarse en el tiempo: «Si en una semana me dan un piso, yo me voy de aquí. No quiero estar así», destacó.

Fue una victoria a medias. Su objetivo y el del portavoz de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca de Asturias, Miguel Ángel García, era lograr una prórroga de «un mes» para gestionar todo el papeleo y conseguir una hogar de emergencia social, pero el plazo quedó limitado a «una semana».

Jonathan mantuvo el pasado martes un encuentro de «cinco horas» con los asistentes sociales del Ayuntamiento para buscar una solución. Sin embargo, abandonó las oficinas municipales sin tener las ideas claras y pasó la noche recogiendo sus bártulos y seleccionando la ropa de sus hijos. A ellos prefirió mantenerles al margen de esta situación, aunque ellos intuyen algo: «Me dijeron que no quería dejar el colegio» de Villafría porque allí tienen a sus amigos, contó Jonathan, quien durante estos duros momentos ha contado con el apoyo de algunos vecinos.

La mala suerte de la familia no comenzó ayer. Hace tres años, la madre de los pequeños decidió separarse de su marido y abandonarlos. De forma paralela, él perdió su puesto como camionero en el Ayuntamiento de Caravia tras una baja de larga duración por una operación de pulmón. Ahora recibe el salario básico de 716 euros con el que tiene que pagar un alquiler de «325 euros al mes». Espera encontrar un trabajo para poder sacar adelante a sus hijos.