Los británicos levantan Trubia

Más de seiscientos obreros trabajan en la actualidad en la fábrica de armas de Trubia. /
Más de seiscientos obreros trabajan en la actualidad en la fábrica de armas de Trubia.

La planta ya ha iniciado producción en serie de las barcazas para el blindado destinado a las tropas de Gran Bretaña

SUSANA NEIRA

En plena guerra con Francia, el rey Carlos IV ordenó la construcción de la fábrica de armas de Trubia. La cercanía de las plantas del País Vasco a la frontera gala se convirtió en un peligro ante el latente riesgo de invasión y se necesitaba un emplazamiento más seguro para garantizar el suministro a las tropas de la corona española. La ubicación de la localidad ovetense y su proximidad a minas de hierro y carbón para su abastecimiento convirtieron a Trubia en el lugar perfecto. Así comenzó a trabajar en 1794, duplicándose luego la actividad con La Vega, en el casco de Oviedo. Dos siglos largos más tarde, curiosamente, la situación se ha dado la vuelta: la fábrica de Trubia solo construye en la actualidad para otras tropas extranjeras, en este caso las británicas. Ya no se puede decir aquello que de que el Ministerio de Defensa español es su principal cliente. Desde hace ocho años no le ha adjudicado ningún contrato de fabricación.

En esos más de doscientos años la factoría ha pasado de manos públicas a privadas, gestionada desde hace más de una década y media por Santa Bárbara Sistemas. Y el último lustro ha sido intenso: el cierre de la fábrica de La Vega, una tremenda caída de la producción y un Expediente de Regulación de Empleo que dejó en mínimos el sector en Asturias. Ahora sale del bache, aunque con un panorama diferente. Esta es la radiografía:

Producción

Toda la producción de la fábrica cañonera se basa en un solo contrato, logrado a través de General Dynamics UK. La filial firmó con el Gobierno británico un pedido de 589 vehículos para sus tropas, valorados en unos 4.400 millones de euros. De Asturias saldrán más de cuatrocientas barcazas para blindado AJAX (antes llamado ASCOD) que se terminarán en Sevilla. Las primeras entregas se fecharon para 2017 y las últimas en 2024. Tras fabricar los prototipos y preparar las líneas de producción, Santa Bárbara comenzó con la fabricación en serie de dichas barcazas a finales del pasado año, según apuntaron fuentes vinculadas a la fábrica. Las últimas, hasta el total de las anunciadas, se harán en un planta de Gales.

El modelo de funcionamiento de Trubia, de excelencia en la construcción de grandes estructuras, también ha variado. Se ha reorganizado el diseño de las instalaciones para hacerlas «más competitivas» en busca de sacar adelante diseños de vehículos de gran precisión en el menor tiempo posible, como demanda el mercado. Actualmente, las líneas de calderería y soldadura están en pleno auge de producción.

Plantilla

Desde inicios del año pasado se han creado unos trescientos veinte empleados, superando por tanto la plantilla de los seiscientos obreros. El aumento se deja ver: las inmediaciones de la factoría y el aparcamiento habilitado se llenan todos los días de vehículos, una imagen que no ocurría desde hace cuatro años.

Se han creado empleos directos y a través de empresas de trabajo temporal y subcontratas. La primera puerta la cruzaron aquellos que formaban parte de la bolsa de empleo. Unas cuarenta personas, según las mismas fuentes. La mayoría habían trabajado con anterioridad en la fábrica y responden a los perfiles de soldadores, caldereros y algunos, ingenieros, estos últimos en menor parte. Aunque la plantilla está a punto de alcanzar cotas máximas en este contrato, también está pendiente la incorporación de soldadores y caldereros de alta precisión, que en la actualidad se forman en el curso organizado en colaboración entre la empresa y el Principado.

Si hay picos, se recurrirá a contrataciones por vías secundarias, no directas, aunque en principio el volumen de la plantilla estará estabilizado hasta el año que viene.

Despedidos

En mayo de 2013, Santa Bárbara Sistemas ejecutó su plan de reestructuración justificado en la bajada de las ventas y la escasa previsión de contratos. Doscientas cuarenta y seis personas dejaron la fábrica, en su mayoría a través de bajas incentivadas y prejubilaciones, pero también de manera forzosa. En este grupo se encontraban cincuenta y cinco despedidos. Una parte, casi la mitad, se han apuntado a la bolsa de empleo de Santa Bárbara -de este grupo el alcalde, Wenceslao López, anunció hace unos día que hasta diez se incorporarán de nuevo a la plantilla-, pero otros se niegan.

La vía judicial continúa abierta aunque de momento solo hay varapalos para la parte social. Los sindicatos consideran que el ERE era ilegal, pero tras varios viajes de la Audiencia al Supremo quedan ya pocas esperanzas. El último mazazo fue un informe no vinculante de la Fiscalía avalando la decisión de la empresa. Se espera que «antes del verano», según las mismas fuentes, el Supremo conteste al recurso. Está pendiente que el ponente haga su propuesta a la sala y haya fallo sobre si lo decidido por la Audiencia, que el ERE fue legal, es correcto.

El colectivo de despedidos, que siguen concentrándose todos los meses para reclamar su reincorporación en grupo, más ahora que hay carga de trabajo, ya ha avanzado que llegará a los tribunales europeos si es necesario.

Sin pedidos estatales

Tras entregar todos los pedidos del Pizarro y el Leopard, hace ocho años, Santa Bárbara Sistemas no ha vuelto a firmar ningún contrato de fabricación con el Ministerio de Defensa español. La última adjudicación sonada fue para el diseño del programa tecnológico del vehículo 8x8, basado en el Piraña V, a una UTE en la que estaba Santa Bárbara con otras dos empresas, Indra y Sapa, valorado en más de ochenta millones de euros. Las entregas están previstas hasta 2018, lo que significa que aún queda esperar para que se licite el contrato de construcción de los vehículos por el que tantos años se lleva esperando en Trubia y que daría un respiro a largo plazo.

El Ministerio de Defensa español no solo no encarga sino que también tiene paralizados los pagos de los Programas Especiales de Armamento (PEAs), de los que deben entre 2016 y 2017 unos 1.700 millones de euros a las empresas del sector. La situación obliga a buscar contratos internacionales.