La plataforma del Agua lleva a Aqualia a la Fiscalía por malversación y fraude

José Fernando Díaz y Manuel Díaz Freire, ayer. /
José Fernando Díaz y Manuel Díaz Freire, ayer.

Denuncia que cargó a contratos menores, con la «tolerancia» municipal, tareas de la concesión, como el mantenimiento de los hidrantes

G. D. -R.

El artículo 7 del contrato de concesión del servicio de Aguas, firmado en 1996 con la filial del ramo de FCC (entonces Seragua y ahora Aqualia) hace recaer en la empresa «la vigilancia y conservación» y la «verificación periódica de su correcto funcionamiento» de toda la red de distribución y, de forma expresa, también de las «bocas de riego e incendios». Pero no lo hace o, si lo hace, se lo cobra al Ayuntamiento a través de contratos menores. Ese es el argumento de la denuncia que la Plataforma Ciudadana por la Defensa del Agua Pública presentará esta mañana ante la Fiscalía por presuntos delitos de malversación y fraude por parte de la empresa, en concurso con uno de prevaricación, que habrían presuntamente cometido los técnicos municipales que, en lugar de exigir a la empresa que cumpliera con el mantenimiento, contrataban a esta para solucionar las deficiencias.

La denuncia, que ayer presentaron en rueda de prensa el presidente de la entidad, José Fernándo Díaz, y el bombero y miembro de CSI Manuel Díaz Freire, llega después de seis meses de silencio municipal. En ese lapso, solicitaron al equipo de gobierno que abriese expediente a la empresa por estos incumplimientos «Todavía no tenemos respuesta», expuso Díaz. Freire recordó que los propios bomberos llevan más de una década denunciando la falta de mantenimiento de la red de hidrantes. «Hasta hace año y medio, aquí había un equipo de gobierno casi perenne; esperábamos cambios, pero se lo hemos explicado por activa y por pasiva al tripartito y no reacciona», advirtió.

Uría

Freire expuso que ya no es solo una denuncia de los trabajadores, sino que hay informes de la Policía que lo corroboran, como el que siguió al incendio de Uría, que confirmó que cinco de las diez bocas de agua no pudieron ser utilizadas y que su presión, de entre 7,5 y 8,4 bares, quedaba muy lejos de la que exige la normativa. También, que, como ha venido informando este diario, en la revisión de 2011, se reflejó que la «calle Uría está fatal». Todo ello, sostienen, evidencia la falta de mantenimiento por parte de la empresa. Freire lo expuso ayer así: «Si en (el incendio) Uría hubiera habido una buena red de agua no se habría perdido el edificio, el de Melquíades Álvarez y, tal vez, la vida de Eloy» Palacio, el bombero fallecido.

Mientras en lo que el bombero calificó como «un auténtico sacaperras», el Ayuntamiento adjudicaba a la contratista a través de contratos menores tareas -instalación de bocas de incendio o su señalización en distintos puntos del concejo- que, sostiene la denuncia, son labores que debía «asumir sin coste alguno suplementario la empresa».

Freire concluyó advirtiendo que las reclamaciones civiles por el incendio de Uría «son inminentes» y si el equipo de gobierno «no toma medidas» las indemnizaciones las va a pagar el Ayuntamiento.