El Ayuntamiento de Oviedo reconoce «irregularidades» en las 'tarjetas blue' pero no ve delito

Agustín Iglesias Caunedo, Jaime Reinares, «jueces, empresarios y personas sin identificar» figuran en la relación de beneficiarios de tarjetas 'blue' que el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, pondrá hoy a disposición de los grupos municipales después de tres meses de investigación. De su boca no salió ayer ningún nombre y pocas certezas. Tan solo que, tras consultar la base de datos, con registros solo desde 2009, y recabar otras informaciones han aparecido 38 tarjetas en las que expresamente la Policía Local eximía del pago de la zona azul y otras 11 en las que «dice 'autorizado' únicamente». De estas últimas, señaló, solo hay una en vigor, «la de un concejal del Ayuntamiento hasta junio 2017». No dio el nombre, pero se trata del portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo. El exalcalde rechazó tajantemente «haber usado tarjeta alguna para aparcar en zona azul o en otras zonas restringidas». Según explicó, cuando se instalaron las cámaras de control de acceso a las calles peatonales en 2012, solicitó a la Policía Local un permiso para acceder al Ayuntamiento, «a Trascorrales», que usó ocasionalmente para coger o dejar cosas en su despacho. «Como alcalde siempre fui andando», sostuvo, y afirmó que desconocía que el permiso fue renovado en 2014. «No lo solicité».

En la misma lista de «autorizados» figuró el que fuera teniente de alcalde con Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, con un permiso caducado hace dos años.

Entre el medio centenar de permisos «irregulares» con privilegios para estacionar o circular a los que se refirió el edil, porque las averiguaciones del concejal de Seguridad le han llevado a descubrir nuevas anomalías, figuran «tarjetas de minusválido concedidas a personas a las que el Principado les ha denegado el reconocimiento de una discapacidad motora o a personas sin problemas ni limitaciones de movilidad», detalló tras la comisión el concejal de Ciudadanos Luis Zaragoza. Las tarjetas de discapacitado no solo autorizan a estacionar en las plazas reservadas al efecto, también eximen del pago de la zona azul. El edil no dio más detalles y se remitió a los «tres tomos» de documentos que ha recabado estos meses.

El informe menguante

El edil de Seguridad Ciudadana explicó que trasladó al alcalde toda la documentación tras sus averiguaciones y este solicitó un informe a la directora general de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, en la que la alta funcionaria distingue entre dos periodos, antes y después de 2013, o lo que es lo mismo entre la jefatura de Agustín de Luis y la del actual comisario, José Manuel López. En ambos, no había «criterios claros», en ambos se cometieron «irregularidades», pero Ibaseta destaca que desde 2013 se venían reduciendo por lo que, en este último periodo, «no tendría trascendencia penal, sino solo administrativa», resumió Ricardo Fernández.

Lo difícil es explicar que incumplir una ordenanza fiscal -la de la zona azul- sea positivo si cada vez se hace menos. Preguntado por su opinión personal como jurista, Fernández, se limitó a señalar que es «el informe que tiene el equipo de gobierno».

«Habrá que ver qué acciones va a tomar el gobierno ante estas manifiestas irregularidades reconocidas» en el informe, expuso Luis Zaragoza, quien celebró que los funcionarios encargados de tramitar las tarjetas vayan a comparecer en la comisión, tal y como había solicitado su grupo.

La lectura en positivo llegó desde IU. Su portavoz, Cristina Pontón, celebró que «este gobierno ha puesto fin a otra práctica mafiosa más del PP», al que acusó de retorcer «una ordenanza hasta convertirla en un privilegio para unos pocos». «Hay que llegar hasta el final», apostó.

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