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J. C. A.
OVIEDO.
Lunes, 12 de marzo 2018, 02:11
«Lo que vengo a denunciar hoy aquí es tan grave que he querido ser extraordinariamente minucioso con las palabras». Así comienza el fotógrafo y abogado ovetense Mario Suárez su relato para denunciar «irregularidades» durante la instrucción de un proceso en el que actúa como letrado de la acusación particular de ocho mujeres, presuntas víctimas del investigado y también fotógrafo Jose Juan Cabezudo Zabala, al que se le imputan «delitos de estafa, injurias, revelación de secretos, amenazas, abuso sexual, producción y difusión de pornografía infantil, corrupción de menores y violación», según refiere. La causa se instruye en el Juzgado número 4 de San Sebastián.
En un vídeo editado por el propio Suárez y que lanzó a las redes el pasado 8 de marzo -que ya ha registrado más de 400.000 visitas-, relata cómo cinco de las mujeres que acusan a Zabala y él mismo han presentado durante la instrucción del caso querellas contra la titular del juzgado por prevaricación. «La ley nos impone el deber de denunciar aquellos hechos», afirma, al tiempo que previene de que no revelará el sumario, secreto para las partes.
Lo que cuenta, expone, «debería sacudir los cimientos de la opinión pública de este país. Hace dos años cinco meses y un día, una presunta víctima acudió a una comisaría de la Policía Nacional de San Sebastián e interpuso una denuncia por delitos de pornografía infantil y violación, entre otros muchos. Aportó una decena de sitios de internet en donde se venden al público. Dos años después, esos vídeos siguen ahí», denuncia, antes de aludir al artículo 189 del Código Penal que permite el secuestro de unas webs activas y a las que se puede acceder mediante el pago de quince euros.
Alude Suárez como motivo para que la causa no avance y a la no eliminación de los vídeos de internet, a que «una persona me ha contado que políticos, banqueros, jueces y empresarios participaron en los abusos durante décadas». «Esta persona se lo ha contado a la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa con los nombre y apellidos» de los implicados, afirma.
Interpela a continuación al Fiscal General, al ministro de Justicia y a Mariano Rajoy y les pregunta: «¿Qué tiene que pasar para que la Fiscalía aplique la medida cautelar para que retiren los vídeos de la web?».
Preocupado por su situación personal, añade que «un albacea tiene órdenes precisas si me ocurriera algo».
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