El Ayuntamiento pagará el abogado de Mortera en el juicio de Olloniego

El Ayuntamiento pagará el abogado de Mortera en el juicio de Olloniego
Alberto Mortera y su letrado, antes de una de las vistas. / PIÑA

El exedil de Urbanismo fue absuelto en mayo junto a dos funcionarios de un posible delito de prevaricación por no recuperar una parcela

G. D. -R. OVIEDO.

El Ayuntamiento vio como 'volaban' más de 800.000 euros, los que valía la parcela B-16 del polígono de Olloniego, pero la jueza María Elena González, titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de los de Oviedo, no encontró suficientes indicios de conducta delictiva y absolvió, el pasado mes de mayo, de un delito de prevaricación administrativa al exconcejal de Urbanismo Alberto Mortera y a dos funcionarios. Ahora, el Ayuntamiento correrá también con la minuta del abogado del exconcejal del PP, según acordó la junta de gobierno.

El exedil, una vez que la sentencia devino firme, aportó al Ayuntamiento el detalle de los gastos jurídicos generados durante la instrucción, ante el Número 4, y en el procedimiento posterior, seguido ante el Penal 2, y solicitó su reembolso. Los servicios jurídicos consideran que «los gastos han sido debidamente justificados y se da conformidad a los mismos para su abono», reza el informe que fue aprobado por unanimidad en la junta de gobierno. También la hubo cuando el Ayuntamiento fue invitado a personarse en la causa como perjudicado y, aún este año, cuando el letrado de la Administración de Justicia volvió a instar al equipo de gobierno a interesarse por la defensa de los derechos municipales vulnerados.

De hecho, el alcalde ordenó al Grupo Municipal Socialista no ejercer la acusación contra los funcionarios investigados y lo hizo, con poco entusiasmo, contra Mortera, una vez que el que fuera concejal de Licencias, Jaime Reinares, quedase al margen del procedimiento. Tras el fallo judicial, los socialistas tampoco recurrieron la absolución.

Gestión polémica

La sentencia, de 14 páginas, puso fin a un larguísimo procedimiento archivado hasta en dos ocasiones hasta que cayó en manos del fiscal Alejandro Cabaleiro, que, tras un riguroso análisis del expediente y el registro de pasos del Ayuntamiento, pudo formular un sólido escrito de acusación, reconocido como tal por la magistrada, en el que pedía siete años de inhabilitación para los acusados. En cambio, razonó la jueza que de la prueba practicada no se puede inferir que Mortera, ni el responsable de negociado de Obras Mayores, ni la jefa de Patrimonio, actuaran de manera «patente y grosera» ni que «desbordaran la legalidad de manera flagrante» o como exige la jurisprudencia del Supremo que sea la prevaricación: «de manera escandalosa».

Para la jueza ninguno de los tres tuvo conocimiento o control acerca de las maniobras de Urvisa y Bitácora 2002 -participada por la primera y cuya representante legal era la hija del administrador único de la constructora- para acabar construyendo y revendiendo 17 naves en los 16.000 metros cuadrados de solar en vez de las dos que se habían consignado en el proyecto original.

El caso se arrastra desde 2003, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Urvisa la parcela con los compromisos de no revenderla a terceros, de desarrollar un proyecto industrial (en este caso, dos naves para almacén de materiales que, destaca la Fiscalía, presentó sin detalle y en apenas «un folio» ) y cumplir con unos plazos estrictos para llevarlo adelante.

Nada de esto se hizo. La licencia de obras no se pidió hasta 2005, cuando ya habían transcurrido los dos años de plazo y la pidió Bitácora 2002, otra empresa que se la había comprado, pese a la prohibición, a Urvisa en 2003. Un año y dos meses después, Bitácora pidió una prórroga de un año de una licencia que ya estaba vencida. Se le concedió en junio de 2006, en virtud de un informe del jefe de Obras Mayores, que señalaba que se trataba de una obra «parcialmente ejecutada», pero otro informe de diciembre de ese año decía que «las obras no han comenzado». Mal, pero el problema se convirtió en un presunto delito cuando la junta de gobierno acordó devolver el aval a la empresa, pese a los incumplimientos, en agosto de 2008. Mortera, sostenía la Fiscalía, conocía que se habían inclumplido las condiciones porque, de hecho, firmó la licencia en favor de Bitácora 2002.

La sentencia no entró en desmontar los argumentos o el relato de la Fiscalía. Optó en cambio por acudir a las precisiones del Supremo que limitan la interpretación judicial del delito de prevaricación, que hacen que no baste que se dicte una resolución injusta a sabiendas, sino que este debe ser « manifiestamente escandalosa».

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