La Audiencia Provincial ordena la detención e ingreso en prisión del primo del 'preso resucitado'

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordenó ayer la detención y el ingreso en prisión provisional sin fianza del primo del 'preso resucitado', el joven R. G. J., de 23 años, que se fugó hasta en cuatro ocasiones con una niña de 14 años de La Corredoria, después de que no se presentase al juicio el pasado martes. Para él, que se encuentra en el domicilio de la madre en León, según fuentes del caso, la Fiscalía pide una pena de diez años y medio por agresión sexual a una menor de 16 años e inducción al abandono del hogar.

De este modo, la sala, presidida por Covadonga Vázquez Llorens, acordó la reforma de la situación personal de libertad del acusado, al tiempo que libró «las oportunas órdenes para la busca, detención e ingreso en prisión», dada su «incomparecencia», reza el auto, «sin motivo legítimo» en el juicio. Algo que, para la magistrada-presidenta, «implica riesgo de fuga». Máxime, «si se tiene presente» que el primo del 'resucitado' «no llegó a comparecer con su madre ante los Juzgados de León», advierte, tal y como aseguró telefónicamente a su letrada, con el fin de prestar declaración por videoconferencia; no obstante, jamás llegó a hacerlo y la pena que le piden, superior a diez años, exigía su presencia en Oviedo.

En ese sentido, el romance entre R. G. J. y la menor comenzó en 2018. Desde entonces se fugaron hasta en cuatro ocasiones, siendo la más notable una en la que ambos permanecieron doce días en la casa de la madre de este, en León. En una de esas ocasiones mantuvo relaciones sexuales completas con ella, que pese a estar consentidas, pueden juzgarse como un delito de agresión sexual. Para él, la acusación particular, ejercida por el padre de la menor con el abogado Gabriel Cueto, solicita nueve años de cárcel por agresión sexual, una orden de alejamiento durante doce años, seis más de libertad vigilada y un año y medio de prisión por inducción al abandono de domicilio, así como el pago de una indemnización a la víctima de 9.000 euros, y nueve meses para su madre como presunta cooperadora necesaria.