El Ayuntamiento de Oviedo mantiene veintisiete concesiones a empresas privadas

Con la Cuenta General de 2019 en periodo de exposición pública antes de su aprobación, es posible trazar un mapa preciso del coste de los servicios públicos, el estado de la administración local y prever el futuro a corto y medio plazo del Ayuntamiento, crisis sanitaria mediante. Una suerte de radiografía. Lo cierto es que el Consistorio arroja unos niveles de endeudamiento aceptables, apenas 50 millones y unos superávits de cerca de 70 millones tras años de escasa capacidad inversora.

En el otro platillo de la balanza, para lo bueno y para lo malo, una gran cantidad de servicios públicos están externalizados, cuentan con convenios de larga duración y, en algunos casos, son caros, tal y como demostró el proceso de remunicipalización de la Oficina de Recaudación que en 2017 pasó de costar 8 millones a la mitad, 4.

Así, hasta 27 concesiones públicas, desde piscinas, gimnasios o el campo de golf a servicios esenciales, como la limpieza o el agua, se gestionan fuera del Consistorio. Algo que casa con la exigua plantilla municipal que a 31 de diciembre del año pasado rozaba los 1.300 trabajadores. De ellos, solo 639 son funcionarios -un tercio destinados al área de Seguridad Ciudadana- frente a 366 laborales indefinidos y 293 temporales. En la línea con otras administraciones desde la limitación de las tasas de reposición tras la crisis de 2008, el Consistorio adolece de contrataciones externas y, en último extremo, de consolidación de las plazas vía sentencia judicial por subrogaciones irregulares.

Volviendo a los servicios públicos y la gestión indirecta de gran parte de ellos, las privatizaciones y concesiones públicas permiten al Consistorio 'desentenderse' del día a día pero lastran la capacidad ejecutiva del gobierno local. Como ejemplo, la larga tramitación que sufrió el cambio de algunas de las líneas de autobús, aprobada en el pasado mandato y que todavía no se ha puesto en marcha en su totalidad. El contrato con TUA pasó dos veces por el Consejo Consultivo para una modificación de 200.000 euros cuando el coste total que se paga por la concesión al año supera los 9 millones.

El otro ejemplo de la escasa capacidad de control sobre las concesiones saltó, desgraciadamente, a raíz del incendio de Uría y las dudas sobre el mantenimiento de los hidrantes por parte de la concesionaria, Aqualia, que lastran la capacidad gestora de los equipos de gobierno ante la dificultad de, por ejemplo, modificar los contratos con facilidad como ocurrió con las últimas líneas de autobús urbano cuya puesta en marcha se dilató -aún lo hace- más de dos años.

Empezando por el más polémico, cuyo proceso de seguimiento ha desvelado este diario, se encuentra el Servicio de Aguas gestionado por Aqualia desde 1996 en virtud a un contrato que une al Ayuntamiento con la empresa por cincuenta años. Este dairio ha informado puntualmente de las diferencias de criterio de los técnicos municipales y la empresa a la hora de estimar las liquidaciones anuales, la última aprobada es de 2016, en la creencia de la comisión de seguimiento de que existen incumplimientos contractuales por parte de la empresa. La pasada semana, Somos Oviedo e Izquierda Unida solicitaron que la Sindicatura de Cuentas también investigue el contrato.

Ser una de las ciudades percibidas como de las más limpias cuesta dinero. El Ayuntamiento abona 7,5 millones de euros por la recogida de basuras y 14 por la limpieza viaria en otra concesión que, como la del servicio de retirada de vehículos de la vía pública se retrotrae a 2006 y se ha ido prorrogando en periodos de cinco años.

Hay curiosidades en la gestión de varios servicios y su prestación. El de ayuda a domicilio que se ha ido engrosando hasta los 4 millones de euros al año con el aumento de la edad de la población del municipio, se gestiona mediante un contrato renovable cada lustro. Algo mucho más flexible por ejemplo que las concesiones tan variopintas como la del servicio de ejecuciones subsidiarias de Urbanismo (200.000 euros) o la gestión integral del servicio de monitoraje de las actividades deportivas de tiempo libre por la que el Ayuntamiento abona una subvención anual de 300.000 euros.

En cuanto a bienes inmuebles, la lista es larga. Los polideportivos de construcción público privada de Otero, Azcárraga y Montecerrao, la residencia mixta también en este barrio y diversos aparcamientos (plaza San Miguel, Escandalera...). También funciona en régimen de concesión el Palacio de Los Niños y las piscinas municipales y las guarderías cuyas retribuciones son las tarifas abonadas por los usuarios. De igual modo, funciona en régimen de gestión indirecta el servicio de comedor de los colegios públicos.

El cementerio municipal fue privatizado en 1995 por cincuenta años. El canon que el Ayuntamiento percibe anualmente por su explotación es de 6.000 euros amén de el 2% del pago de los servicios mortuorios en cada deceso.

Las pistas de San Lázaro, el mercado de abastos de El Fontán, el estacionamiento regulado (1,1 millones al año) y el centro audiovisual de Olloniego completan la lista.