El Ayuntamiento renuncia al expediente abierto a Aqualia por los hidrantes

G. D. -R.

En diciembre del año pasado, el equipo de gobierno conoció un informe pedido seis meses antes por Alcaldía sobre de quién es la responsabilidad del mantenimiento de las bocas de incendio. La respuesta, firmada conjuntamente por la Secretaría General y los servicios de Infraestructuras, Contratación y Bomberos, era contundente: compete a la concesionaria, Aqualia, hacer la «verificación» de los hidrantes, que incluye tanto la inspección como la obligación de «diagnosticar y reparar» las posibles averías de los mismos. A raíz del informe, el equipo de gobierno abrió un expediente contradictorio al que la empresa se opuso con profusión de alegaciones.

Un año y un mes después, la junta de gobierno ha acordado dejar caducar el expediente, y el mantenimiento y revisión de las bocas de incendio vuelven a estar en tierra de nadie. Lo ha hecho con una propuesta de la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Básicos en la que se resalta lo extenso de las alegaciones presentadas por la empresa, «un escrito compuesto, con sus anexos, por 446 páginas», aunque la justificación de la renuncia al expediente va más allá. Señala que «han surgido otras diferencias interpretativas» sobre el contrato con Aqualia, «factores que han estar incluidos en la liquidación anual, inspección y mantenimiento de elementos de la red, flujos de información relacionada con la concesión red o la fiabilidad de la cartografía facilitada». Con las nuevas dudas sobre la mesa, el Ayuntamiento opta por dejar a un lado aquello tan rotundo de que «los hidrantes son responsabilidad de Aqualia», como sentenció la edil del ramo, Ana Rivas, en marzo del año pasado, «sin perjuicio» de que el futuro cambie de opinión.

El acuerdo unánime del gobierno local no lo dice, pero hay otras cosas que ayudan a tomárselo con calma. Las reclamaciones patrimoniales de los damnificados por el incendio de Uría están tropezando con el dictamen que señala que los edificios ya estaban en ruina económica. No hay urgencias por saber quién paga los daños, pero seguimos sin saber quién revisa los hidrantes.